Esta semana se anunció la entrega de la partida de fondos públicos a los partidos políticos correspondiente al mes de abril, conforme lo establece la legislación electoral. Esta vez entregaron 67 millones de pesos a los partidos reconocidos ante la JCE. Este hecho nos recuerda la necesidad de incorporar al debate de la ley de partidos políticos, como un eje central, la modificación de la contribución económica del Estado a las actividades político-partidarias.
Esto lo decimos porque el monto anual que debe aportar el Estado a los partidos, es un tema prácticamente ausente de la discusión. Aunque en muchos países de la región los fondos públicos destinados a las organizaciones políticas están en función de los votos obtenidos, en la República Dominicana no es así.
En el país, la ley electoral establece que “se consignará en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales” (art. 49). Este es el único porcentaje del presupuesto que se respeta religiosamente.
Lo anterior indica que cada año, con el crecimiento de los ingresos nacionales, crecen los fondos destinados a los partidos, sin importar la proporción de votos que han obtenido en los procesos electorales. Por ejemplo, del año 2000 al 2012 el Partido Reformista redujo su votación en un 66%, al pasar de 786 mil votos a 266 mil en dicho periodo. Sin embargo, su financiamiento aumentó en 1,129% al pasar de 30 millones de pesos en el 2000 a 374 millones en el 2012. Para el PLD, el crecimiento de su financiamiento fue cuatro veces mayor que el crecimiento de sus electores y para el PRD 11 veces mayor. Es una lógica de financiamiento totalmente irracional.
Del mismo modo, la forma de distribución de la contribución Estatal a los partidos, pone en evidencia la profunda desigualdad y los vicios de los que adolece el sistema.
La financiación pública sigue beneficiando a los grandes partidos tradicionales, en detrimento de los nuevos partidos políticos que se presentan como alternativa. Por otro lado, existe un conjunto de organizaciones políticas que se están beneficiando de los recursos públicos, sin realizar esfuerzo alguno, aprovechándose de su condición de aliados eternos de los partidos mayoritarios. Es urgente que se tomen en cuenta propuestas de soluciones a las debilidades en el financiamiento público de la política. El Congreso y los partidos políticos deberán estar abiertos a este debate.
