Pasado el mes de enero, durante el cual las grandes cadenas de supermercados decidieron absorber el aumento de 16% a 18% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y la nueva tasa de 8% del mismo gravamen sobre una cantidad de alimentos de consumo masivo, ya se inician los ajustes correspondientes en los precios de esos productos y servicios.
Estos aumentos de precios, siempre en proporciones porcentuales muy por encima de la tasa que fue aplicada por la reforma tributaria, afectarán inevitablemente el presupuesto individual de los ciudadanos y provocarán un aumento de la inflación a partir de febrero y en los meses por venir.
Las autoridades deben estar pendientes, a los fines de evitar prácticas especulativas, pues ya se escuchan denuncias de personas sobre ajustes de precios que fueron aplicados a muchos productos durante el mes de enero, aunque siempre especificando que se mantenían exentos del ITBIS durante ese período de gracia. Si se suman los ajustes fuera del ITBIS, más el que se hará ahora por la aplicación de ese gravamen, se termina con aumentos a veces desproporcionados.
En el inicio de este año también se han registrado incrementos escalonados en los precios de los combustibles, así como ligeros deslizamientos en la tasa de cambio del dólar. Todos esos indicadores tienden a disparar la inflación.
Tradicionalmente, los aumentos de precios de productos básicos de consumo masivo, que son insustituibles en la canasta familiar, tienden a despertar disgustos en la población, especialmente la de menores ingresos. Es por ello que las autoridades del Gobierno, tanto a través de ProConsumidor como de los ministerios de Industria y Comercio y de Agricultura, deben establecer mecanismos de eficiencia y regulación de los mercados, tendentes a garantizar que los ajustes, aunque inevitables, no sean desproporcionados en perjuicio de los consumidores.
