CARACAS, Venezuela — El gobierno del presidente Nicolás Maduro instó el jueves al presidente Barack Obama a que no firme el ejecútese del proyecto de ley aprobado por la cámara baja del congreso estadounidense para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos.
«Exigimos al presidente Barack Hussein Obama respetar el Derecho Internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como una vez más le instamos a no promulgar esta ley que va en contra del sistema multilateral», dijo la cancillería venezolana en un comunicado.
Añadió que «rechaza categóricamente» la aprobación por el congreso estadounidense «de la extensión de las sanciones unilaterales, ilegales y violatorias del Derecho Internacional, que los Estados Unidos de América mantiene sobre nuestro país».
La cámara baja aprobó el miércoles por unanimidad un proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos.
El Senado decidió en abril extender las sanciones hasta 2019, por lo que la legislación será remitida ahora a la Casa Blanca para que el presidente Barack Obama firme el ejecútese.
Washington ha congelado activos en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos en el marco de la ley sancionada en 2014 y cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre de 2016.
La congresista Ileana Ros-Lehtinen y el senador Marco Rubio, ambos republicanos de Florida que propulsaron la ley en 2014, exhortaron en la víspera al presidente Obama a sancionar aún más funcionarios venezolanos.
«Como el pueblo venezolano no tiene libertad, protesta por la falta de comida y cosas necesarias, y vive en una economía que se sigue deteriorando, tenemos que seguir presionando a los opresores mediante congelar activos y prohibir las visas de los violadores de derechos humanos que forman parte del régimen de Maduro», dijo Ros-Lehtinen refiriéndose al mandatario venezolano.
Maduro repudió en abril la legislación, a la que caracterizó como «un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista».
El Senado estadounidense decidió en abril extender las sanciones hasta 2019, por lo que la legislación será remitida ahora a la Casa Blanca para que Obama firme el ejecútese.
En el comunicado, el gobierno de Maduro una vez más pidió a Obama «derogar» la acción ejecutiva, que renovó en marzo, que declaró a Venezuela una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
El escrito destacó que el propio gobernante estadounidense «ha reconocido públicamente que Venezuela no representa ninguna amenaza a los Estados Unidos».
«La imposición de sanciones unilaterales sobre Venezuela evidencia el doble discurso del gobierno estadounidense, que por un lado dice estar a favor de un diálogo en Venezuela, y al mismo tiempo, con este gesto político, alienta a que sectores históricamente antidemocráticos y violentos de la oposición, continúen saboteando los intentos por mantener la paz y el respeto al orden constitucional venezolano», agregó el comunicado.
Más tarde en un comunicado fechado en Washington, el Departamento de Estado advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de viajar a este país sudamericano azotado por la delincuencia, destacando además que las restricciones de seguridad a las que se debe someter el personal de la embajada Estados Unidos esto puede limitar los servicios que puede proporcionar a sus nacionales.
Todos los estadounidenses personal de contratación directa y sus familias asignadas a la embajada estadounidense en Caracas «están sujetos a una política que limita» sus movimientos dentro de Caracas y en otras partes del país por su seguridad y bienestar, indicó el Departamento de Estado.
Venezuela tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo con una tasa de homicidios que, según registros de la Fiscalía General, cerró 2015 en 58 por cada 100.000 habitantes. Según los cálculos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia, se alcanzó una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes.
El Departamento de Estado también destacó que «a pesar de que Venezuela es signatario de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el gobierno venezolano a veces no notifica» a la Embajada «cuando los ciudadanos estadounidenses son detenidos, y/o retrasa o deniega el acceso consular a los detenidos».
Recientemente los gobiernos de Caracas y Washington anunciaron su disposición de impulsar una agenda para lograr la normalización de las relaciones.
A pesar de las fricciones, y a estar sin embajadores desde 2010, ambos países mantienen un intenso intercambio comercial.
