Cuando el gobierno dominicano firmó el llamado “Acuerdo de Madrid” en el sector eléctrico, a principios de la gestión de Hipólito Mejía, el objetivo fundamental era abaratar los costos de la generación en el momento; y para lograrlo, se le concedió a los generadores de energía la extensión de los contratos de compra y venta vigentes, los cuales vencían en el año 2005 y se llevaron hasta el año 2016.
Pero las nuevas condicionalidades de ese acuerdo han resultado más costosas de lo previsto para el Estado y para el país en su conjunto, pues cada vez es mayor la necesidad de recursos adicionales para cubrir los elevados costos de la electricidad a causa, principalmente, de la dependencia de combustibles derivados del petróleo, cuyos precios se mantienen al alza.
Los esfuerzos del Gobierno por renegociar esos contratos durante las dos gestiones de Leonel Fernández fueron infructuosos y los intentos que en esa dirección han hecho las autoridades actuales también resultan imposibles.
Finalmente, el Gobierno sólo tiene como alternativa visible esperar que esos contratos lleguen a vencimiento en 2016 y prepararse para que las nuevas negociaciones se hagan con suficiente inteligencia y enfocadas en la defensa del interés nacional y no de intereses particulares.
Pero no sólo se requiere capacidad negociadora, también el Estado debe armarse de un parque de generación propio, estatal, con disponibilidad de energía a bajo costo, que sirva como equilibrio en el mercado y pueda de esa forma presionar los precios de la generación hacia la baja en el momento mismo en que se produzca la renegociación de los nuevos contratos de compra y venta de energía.
No tocará a este gobierno negociar esos contratos, pero sí la responsabilidad histórica de iniciar cuanto antes la construcción de dos plantas, de al menos 700 megavatios, para que estén listas precisamente en el año 2016, fecha en que debe iniciarse una nueva etapa en el sector energético nacional.
