Las provincias fronterizas exigen no detener la 28-01; la AIRD pide que sí
Las siete provincias fronterizas beneficiadas con los incentivos contemplados en la Ley 28-01 han elevado el nivel de esfuerzo e intensidad para lograr que ésta se mantenga más allá del año 2020 y acusan al sector empresarial de presionar para que los legisladores “la tumben”.
Los líderes de las principales organizaciones de esas demarcaciones han señalado directamente a la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), como la institución que está haciendo valer “todos sus poderes” en favor de algunos de sus asociados. “Lo hacen en clara defensa principalmente de los refresqueros que están en Santo Domingo. Por ellos es que los industriales están presionando más”, aseguró el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas (Adefro), Manuel Taveras, en una rueda de prensa en la que estuvieron representantes de la iglesia católica, legisladores y representantes de diversas organizaciones.
Ese encuentro, sirvió de preámbulo para uno posterior, que se produjo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el obispo de San Juan, José Dolores Grullón, le dijo “algunas verdades” a la vicepresidente de la AIRD, Circe Almánzar. Y como era de esperarse, la dama defendió “a capa y espada” el planteamiento de que la Ley 28-01 en sus años de vigencia no ha cumplido con el cometido político, social y económico por el cual fue promulgada.
Dolores Grullón, Circe Almánzar y otros líderes provinciales coincidieron en el mismo lugar. Una hora antes, el religioso y los directivos de Adefro les habían adelantado a los periodistas que estuvieran pendientes “porque precisamente como parte del ataque que tienen los industriales”, una comisión de ellos iría a intentar presionar al diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
Dolores Grullón, uno de los voceros y defensor de la causa de los pueblos fronterizos, no se anduvo con rodeos ayer en el abordaje de tema. “Tenemos que jugárnosla a nivel político en defensa de esta ley. Esto es un asunto del país. Los empresarios de la capital están presionando y ese es su derecho, pero esto es un asunto de Estado”, planteó.
Los números que maneja la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas indican que la ley 28-01 ha permitido la instalación de 81 empresas en toda la franja fronteriza del país y ha servido de base para que se generen 10 mil empleos. “Lo único que diferencia a esta ley de la que tiene Proindustria para beneficiar a empresas de la capital, es que a nosotros la 28-01 nos exonera del 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta y la de Proindustria le exonera a los otros el 50%. Pero nosotros estamos en zonas empobrecidas, a las que no iría ninguna empresa a instalarse si no se mantienen incentivos”, indicó el representante de Adefro.
En la rueda de prensa inicial, efectuada en el hotel Radisson, del Distrito Nacional, participaron, además, los diputados por Dajabón Darío Zapata y Nicolás López, de Santiago Rodríguez, así como monseñor Sinencio Peralta, vicario general de la Diócesis de Mao-Montecristi. Algunos de ellos acudieron con la aritmética a mano. “Vamos por una extensión de 20 años más”, le dijo Sinencio a la prensa.
La inversión de las empresas en pueblos cercanos a la frontera alcanza los RD$15,000 millones. Ahí están incluidos los capitales colocados en Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. “Hemos generado al Gobierno 1,500 millones de pesos en pagos de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y hemos pagado más de 300 millones de pesos a la Tesorería de la Seguridad Social”, calculó Manuel Taveras. La ley actual se promulgó en el 2001 por un período de veinte años.
Los legisladores Nicolás López y Darío Zapata advirtieron que no darán brazo a torcer y que buscan el apoyo de sus colegas en el Congreso para que el proyecto de ley, con algunas modificaciones respecto a la ley vigente, se introduzca y se conozca.
Garantizaron que el legislativo tendrá el proyecto en diez días.
Lo que se dio en el Congreso
En el encuentro en la Comisión de Hacienda, monseñor José Dolores Grullón se quejó de que la ley que incentiva la inversión en la frontera no ha beneficiado mucho a Elías Piña. “Solo tenemos una empresa agrícola, de aguacate, porque al momento de aprobarse esa ley nosotros no teníamos energía eléctrica en la provincia Elías Piña. Gracias al circuito eléctrico tenemos energía más estable e invitamos a los empresarios de Santo Domingo y de otras provincias que vayan allá”, expresó.
Y agregó: “Los empresarios de Santo Domingo son los que están más cerca de nosotros, pero nos tienen totalmente olvidados y es bueno que ustedes lo sepan, allá nadie invierte en nada, a no ser el Gobierno, que ha invertido en proyectos agrícolas como la reforestación de Hondo Valle y otros”.
Pero la parte eléctrica no ha sido el único problema que ha aquejado a Elías Piña. El representante de la iglesia agregó a eso mala comunicación vial que ha tenido la provincia. “En la Carretera Internacional un ministro del PLD nos dijo por aquí ni los chivos pasan. Claro que no pasan los chivos, no sirve la carretera; hay que hacerla”, dijo.
Dolores Grullón aseguró que la carretera San Juan–Santiago también la boicotearon a nivel del Estado. “Pero son proyectos en el futuro; quiere decir que esta Ley ha beneficiado más a los pueblos en la frontera Norte. Y Cemento Andino, que estaba en el Sur, también fue siquitrillada, cualquier empresa que invierta allá en la zona fronteriza, va a tener intereses en contra y todo en la vida debe tener incentivos”, apuntó.
Desde su punto de vista, el desarrollo está en Santo Domingo y sucede que las empresas que se han atrevido a instalarse en los puntos cercanos a la frontera han tenido un cambio significativo en las provincias de Monte Cristi, Santiago Rodríguez. “Esta Ley ha venido a incentivar que las empresas se instalen”, sostuvo.
Criticó la desigualdad que hay en República Dominicana. “Hay una desigualdad en el país, hay una desigualdad en las fronteras.
Usted ve la belleza ecoturística que existe en Elías Piña y en San Juan y uno se pregunta, cómo lograr el desarrollo. Esta es una ley que ha venido a mitigar la desigualdad que hay en este país.
Rememoró que “hubo personas que pusieron la cara cuando se modificó la Constitución y pusieron ahí un artículo que dice que debe beneficiarse las fronteras. Hay personas que dieron la cara y pusieron eso; hay otros que dieron la cara y aprobaron esta ley, y hay otros que la van a enterrar. El que la entierre, tendrá su nombre en el país y yo espero que no sean ustedes”, advirtió.
La visión industrial
“Es la primera vez que nos sentamos aquí a pesar de que hemos tenido tantas discusiones”, dijo Circe Almanzar, de la AIRD, en las palabras introductorias del encuentro en la Cámara de Diputados. Y poco después argumentó más. “Nos hemos dado cuenta de que esa legislación no ha servido como instrumento de política adecuada. Valoro que esta comisión sea la que esté estudiando el proyecto porque toca asuntos de presupuestos. La constitución del 2010 no solamente señala que se debe incentivar la zona fronteriza, sino también se debe promover el desarrollo de la zona a nivel de apoyo presupuestario y del Gobierno. Debemos hacerlo con un espíritu de más profundidad”, expuso.
“No tenemos ningún problema en que se exonere el Impuesto Sobre la Renta a las empresas, con que se den facilidades con el tema de los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Lo que no podemos permitir es que en un territorio tan pequeño, se exonere de impuestos internos, porque lo que estamos es desviando el comercio” expresó Almánzar.
Desde su óptica no se puede provocar que siga pasando lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. “De las pocas empresas que se han instalado -en su mayoría- los empleos están fuera de la zona fronteriza, porque si hay incentivos sin poner condicionantes, entonces no lo vas a promover a que realmente se radiquen en la zona”. Según la AIRD, las empresas que surgieron al amparo de la 28-01 no tienen control operativo. Sin embargo, los empresarios Nicolás Almonte y Manuel Taveras aseguraron que -por el contrario- las empresas de la frontera obligaron a las de la capital a disciplinarse. “La AIRD está protegiendo a una refresquera que siempre declaraba pérdidas y nunca ganaba”, dijo Taveras.
Una parte de la historia que no le creen a la AIRD
Lo de ayer fue una defensa “a raja tabla” de lado y lado, de posiciones encontradas. Si bien los representantes de las provincias fronterizas expusieron claramente el interés que tienen, los industriales “de la capital” (como les han nombrado los representantes de las provincias que se sienten amenazadas) no se quedaron cortos.
“Nuestra posición es que las empresas de la capital, como dice respetuosamente monseñor Dolores Grullón, se ven afectadas por el tema de los incentivos. Y cuando hablamos de eso, nosotros decimos que es tiempo de que nos sentemos a discutir una legislación más apropiada para la zona”, planteó la vicepresidente de la AIRD.
Circe Almánzar insistió en afirmar que los industriales capitalinos están comprometidos y preocupados por el problema migratorio. “Y como estamos preocupados, tenemos que buscar la forma de que sea un verdadero instrumento de política, que sirva para fortalecer la zona”, dijo. Pero a juzgar por las expresiones de algunos de los dirigentes y políticos de Santiago Rodríguez, todo pareció indicar que le creyeron muy poco esa parte. “La AIRD está opuesta a la ley todo el tiempo. Estuvo desde que se promulgó”, le dijo a elCaribe el diputado Darío Zapata.
Enfoque
El sector de la industria envió ayer al Congreso a Circe Almánzar a mostrar la inconformidad de la organización con los resultados alcanzados”.
Cifras a mano
Queremos que el progreso siga en los pueblos pobres y eso lo podemos sustentar con datos de empleos y pagos de impuestos”, dijo Taveras.
