A todos nos encanta en nuestros escritos, conferencias y entrevistas soltar el poderoso y deslumbrante “one-two” desarrollo sostenible que nos permite disfrazarnos de erudito verde. Si quiere atraerse seguidores en las redes sociales, abrace la combinación y no la suelte jamás. A todos atraen los temas de defensa del medio ambiente, de llamados en contra del cambio climático, y de luchas por una naturaleza libre de toda la basura y desperdicios que los humanos lanzamos, sin pensar en la herencia de un planeta enfermo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Hasta ahí, los aplausos resultan interminables. Comienzan a agotarse cuando planteamos las acciones y medidas que los gobiernos deben adoptar para inducir un comportamiento más civilizado de nosotros. Desde que alguien comete la indelicadeza de sugerir el establecimiento de un impuesto, tarifa o cargo para penalizar al que contamina o para crear un fondo que estimule el reciclaje de toda la basura que alegremente generamos, los aplausos desaparecen y los abucheos hacen su entrada triunfal.
Un par de amigos me visitaron a la Fundación el año pasado para que les sugiriera una medida que permitiese nutrir un fondo gubernamental anual de RD$5,000 millones. Esos recursos se destinarían a financiar la modernización de la infraestructura, plantas y equipos para el manejo de la basura, desde su transporte a las estaciones de transferencia hasta su depósito en vertederos para su reciclaje y disposición final de los desechos sólidos no utilizables. En un país donde la gente protesta cuando los ayuntamientos tratan de subir las muy bajas y mentirosas tarifas de recogida de basura, no hay que dar muchas vueltas para reconocer que por ahí no andaba ni anda la solución. En países como el nuestro somos alérgicos al pago de impuestos directos como el impuesto sobre la renta, y a las tarifas de servicio público de difícil aplicación y muchas veces sujetas el fenómeno de los usuarios parásitos o “free-riders”.
Por eso recomendé una alternativa difícil de evadir y con bajo índice de percepción para el contribuyente. Planteé que lo recomendable, dada la realidad dominicana, era establecer un impuesto de 0.50% sobre el valor de importación o producción de todos los bienes que de alguna manera u otra generan desechos sólidos. En otras palabras, todo menos el petróleo, sus derivados y el LNG. Esta tasa operaría como el Itbis: los productores deducirían de su liquidación del 0.5%, el impuesto avanzado en aduanas. Todo iba muy bien hasta que llevaron la propuesta a los representantes de uno de los sectores económicos más importantes y mejor organizados del país. Casi los tiran por la ventana de la torre, a pesar de que en el camino entre mi oficina y la torre del destino, la tasa sufrió un recorte que la dejó en 0.20%. Ese impuesto que contribuiría a alimentar el fondo para el transporte y el reciclaje de desechos sólidos en los vertederos, los importadores y productores nacionales los traspasarían al consumidor y sería este, finalmente, quien terminaría pagándolo. Ha pasado más de un año de esas reuniones y discusiones, y nada. ¿Qué alternativa se propuso? Que los ayuntamientos cobren lo que durante casi 60 años no han logrado cobrar eficientemente.
El desarrollo sostenible tiene un precio y hay que pagarlo. Los japoneses lo saben y lo pagan. En el 2001, Japón aprobó la Ley de Reciclaje de Electrodomésticos que estableció un rango de tarifas para la transportación y el reciclaje de electrodomésticos a ser pagadas por los consumidores a las empresas manufactureras e importadoras, las cuáles fueron obligadas a realizar la recolección y el reciclaje de los electrodomésticos que venden. Las tarifas pagadas por los consumidores van desde RD$2,384 a RD$4,292 por televisor, RD$3,815 – RD$4,292 por nevera o “freezer”, RD$2,861 – RD$3,338 por lavadora o secadora, RD$3,338 – RD$3,815 por aire acondicionado y RD$1,431 – RD$1,907 por computadora. En los 18 años de vigencia que tiene la Ley, los japoneses han reciclado 233.2 millones de electrodomésticos, registrando tasas de reciclaje que van desde 71% para los televisores de tubo de rayos catódicos hasta 93% para los aires acondicionados. La tarifa pagada por el consumidor para la transportación y su reciclaje de su televisor, es cercana aproximadamente un 5.5% del precio actual de uno similar, 11 veces mayor que el 0.50% que propuse a los dos amigos. Japón también recicla los automóviles. La tarifa de reciclaje pagada por el propietario del vehículo oscila entre RD$5,150 y RD$10,300 dependiendo del tipo de vehículo. En el período 2004-2018, reciclaron 74.4 millones de vehículos, con una tasa de reciclaje de residuos de la trituradora de 97.9%.
Un esquema así no parece viable para nuestro país pero si sustituimos a las empresas manufactureras e importadoras por empresas privadas concesionarias del servicio de transportación, reciclaje y disposición de desechos en los vertederos y el pago de las tarifas por un impuesto imperceptible cobrado en el origen donde arranca la generación de desechos y 11 veces más bajo que el pagado por los japoneses, podríamos pasar de un desarrollo sostenible que hasta el momento no pasa de ser una más en nuestro inventario de frases cohetes a un conjunto de acciones que nos podrían, finalmente, llevar hacia él.
