Inspección necesaria

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ejecuta un amplio operativo de inspección a nivel nacional, con el fin de determinar el estado de situación operativa de las estaciones de expendio de combustibles.

Fruto de esa iniciativa, la entidad responsable de fiscalizar el mercado de combustibles, en todas sus variantes y componentes, ha inspeccionado en los últimos dos meses más de 300 estaciones de expendio de combustibles, de las cuales dispuso la clausura operativa o de apertura de 51 estaciones.

La inspección, a cargo de la Dirección de Supervisión y Control del MICM, es una medida atinada, aunque tal vez un poco carente de oportunidad, porque de haber sido parte de un plan consistente, la tragedia en que terminó un escape de gas en una envasadora de gas licuado de petróleo en la comunidad Licey al Medio, de Santiago, quizás pudo haber sido evitada.

Se asume que si un cuerpo de inspectores visita una planta cualquiera de expendio de combustibles y halla en sus equipos algún desperfecto que pueda producir un accidente, lo procedente es que disponga su clausura provisional y preventivamente, hasta que se compruebe la corrección.

Tal vez no habría sido necesario iniciar, como anunció el MICM que hizo, un proceso sancionador contra la estación de expendio de gas licuado de petróleo Coopegas, en la cual el 3 de octubre se produjo un escape o fuga que provocó un accidente que ha costado la vida a por lo menos 11 personas, con dos más lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales.

Ese trágico accidente ha generado protestas en la comunidad Licey al Medio, de Santiago, y amplia preocupación a nivel nacional en torno a la forma de operación de las estaciones de expendio de combustibles.

Una comisión de la Cámara de Diputados, encabezada por el presidente de ese cuerpo legislativo, Alfredo Pacheco, realizó el pasado viernes un descenso al lugar donde operaba la planta.

Luego del anuncio del MICM de que ha iniciado un proceso sancionador contra la estación involucrada, el obispo de la Diócesis de Higuey, monseñor Jesús Castro Marte, planteó la necesidad de tomar medidas para que esos lugares dejen de ser una amenaza para la población.

Hay, por tanto, una sentida necesidad de mayor control operativo sobre esos negocios.

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