Es primero de febrero, apenas a 16 días para las votaciones de las elecciones municipales, y todavía no se disipa el ambiente. Pese a que se trata del poder primario en que se afirma la democracia, el gobierno local, los actores políticos actúan como si se estuviera decidiendo el todo.
Y es que hablamos de 158 municipios y 232 distritos municipales, en los cuales habrá de escogerse igual número de alcaldes y jefes de juntas distritales, es decir, que es un poder desconcentrado el que se debate, y ninguna fuerza política debería pretender tener un dominio absoluto, brutalmente mayoritario, sobre todo, con la actual composición de fuerzas que se advierte en el país.
Es decir, que sin renunciar a las naturales ambiciones de poder, es obvio que los municipios y juntas estarán distribuidos en atención a esa correlación de fuerzas.
Entenderlo supone una comprensión del papel de la participación popular en una democracia, en la cual lo que se requiere es pluralidad como producto de una auténtica representación de la sociedad en esa instancia de gobernanza.
Pretender un control absoluto no deja de ser una arrogante soberbia. La misma puede estar fundada en la visión de que los resultados de febrero pueden considerarse un adelanto de lo que podría pasar en mayo, cuando habrán de efectuarse las elecciones presidenciales y congresuales.
Siendo así, a esta fecha, ya la mayoría de los inconvenientes que se han suscitado en torno a la Junta Central Electoral (JCE) desde el año pasado, debían estar resueltos. Pero no ha sido el caso.
Todavía surgen nuevos elementos que sugieren que llegaremos al 16 de este mes en confrontaciones en las cuales la JCE y las demás instancias de la llamada justicia electoral y administrativa estarán ocupadas.
Son los indicadores de que nos aproximamos a ese día con sobradas preocupaciones y aún más premoniciones inquietantes.
