No hay forma de analizar el tema de los accidentes automovilísticos en República Dominicana, sin terminar con una conclusión funesta.
Estadísticas ofrecidas el viernes último por el director del hospital traumatológico Ney Arias Lora y por la Autoridad Metropolitana del Transporte retratan a los accidentes de tránsito como causales de una pandemia. Ya no son solo la principal causa de muerte en el país, sino que ahora le agregan un componente devorador, no solo de vidas humanas, sino de recursos fiscales.
Según el doctor Amaury García Silverio, director del hospital Ney Arias Lora, cada año el Estado dominicano destina más de RD$60,000 millones en atención a las víctimas de accidentes de tránsito. Esa es una suma respetable. Pero la verdadera magnitud de ese volumen de recursos surge cuando se le compara con el presupuesto anual del sector salud pública. En el recién finalizado 2017, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública fue de RD$75,000 millones y para el ejercicio fiscal que acaba de iniciar la asignación aprobada fue de RD$78,381.4 millones. Es decir, que el año pasado el volumen de recursos que el Estado gastó en atención a accidentados representó el 80% del presupuesto de Salud Pública.
Es sencilla y simplemente una situación insostenible.
También es un indicativo de que es mucho lo que falta por hacer en materia de prevención de accidentes. Un detalle que no es nuevo, pero que por eso no deja de llamar la atención y preocupar, es el elevado involucramiento de las motocicletas en los accidentes. Según indicó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), un 62% de los accidentes involucra motocicletas, categoría de vehículos de la cual hay registradas 2.7 millones de unidades.
La nueva ley de tránsito tiene una serie de restricciones en el uso de las motos que deberán contribuir a bajar la alta siniestralidad que envuelve a esos vehículos. Pero la aplicación de la norma todavía no es plena. Aun se observan racimos de personas (tres, cuatro y cinco) montadas en una unidad. Convencer a los usuarios de que montar más de dos personas o a menores es contrario a la ley, y un desafío peligroso, es una tarea de coerción y educación pendiente. Ahí hay cosas por hacer. Hagámoslas antes que encarezca el remedio.
