Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS
La reciente presentación del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible” constituye un magnífico aporte al país, en la dirección de contribuir al avance del sistema de justicia, uno de los ejes estratégicos más importantes de nuestra democracia. Al mismo tiempo representa una valiosa oportunidad para que las entidades de ese ecosistema social armonicen criterios, definan prioridades compartidas y exploren alternativas de solución a sus múltiples problemas.
Durante largo tiempo hemos sostenido la opinión de que la labor de coordinación interinstitucional del Estado amerita la acción comprometida de la sociedad, a través de sus organizaciones sociales representativas, en todas las esferas sociales. Como sabemos, nuestro marco constitucional consagra un Estado Social y democrático de Derecho en su art. 7, que reconozca la dignidad humana, la equidad sustantiva y el respeto incondicional a las garantías fundamentales. Esto significa que la justicia no es una estructura administrativa o burocrática, sino una dimensión fundamental del desarrollo humano, como condición habilitante indispensable para el disfrute y ejercicio de todos los derechos vistos integralmente.
Aunque los informes internacionales en Estado de derecho muestran que el país ha logrado avances indiscutibles reflejados en el ranking de países, la evidencia revela una tensión central: la eficiencia procesal y la modernización tecnológica no se traducen automáticamente en mejoras en aspectos clave del acceso y atención equitativa para quienes más necesitan de su servicio. Es aquí donde las organizaciones sociales deben asumir un rol vigilante y proactivo.
El informe refleja los logros operativos del Poder Judicial en los últimos años, como el aumento de la tasa de resolución de casos en 2025 y la reducción del tiempo medio de solución, pero al mismo tiempo nos muestra que la productividad administrativa de las entidades del sistema de justicia no equivale por sí sola a establecer un acceso efectivo a sus servicios.
De acuerdo al Informe persisten filtros socioeconómicos, barreras de desconocimiento, como el hecho de que 7 de cada 10 dominicanos ignora los servicios en línea, y que existen desigualdades territoriales en el servicio de justicia efectiva.
De allí que la transformación del sistema judicial implica trascender la reforma interna de los órganos estatales y requiere incorporar la veeduría, fiscalización y participación activa de la ciudadanía para garantizar una tutela judicial real, inclusiva y transparente. Esta es la esencia del enfoque de justicia centrada en las personas.
En este sentido consideramos urgente reconocer algunos retos que como sociedad debemos enfrentar para que el sistema de justicia pueda garantizar su rol constitucional, y que en gran medida ameritan de la participación de las organizaciones sociales. Entre ellos destacamos:
- Superar la brecha entre eficiencia procesal y justicia efectiva, de forma que la alta resolución cuantitativa de los déficits existentes se corresponda con una mejora de la calidad y justicia de los fallos, procurando que la descongestión de expedientes no se logre a costa de deficiencia en la fundamentación jurídica, reducción de la escucha atenta y la tutela judicial sustantiva.
- Evitar que la digitalización genere nuevas formas de exclusión, ya que el Informe muestra que, aunque el Poder Judicial completó el 92% de sus gestiones en línea en las áreas civil y administrativa, el 71% de los usuarios encuestados desconocía la existencia de estos servicios remotos, y solo el 9% los usa de forma efectiva. La veeduría social debe garantizar que la tecnología no elimine la atención presencial indispensable ni discrimine a sectores sin conectividad o habilidades digitales.
- Exigir la debida diligencia y respuestas no revictimizantes en violencia de Género. Pese a que, en 2024, se recibieron 104,772 denuncias de violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales, y se emitieron 37,822 órdenes de protección, las tasas de condena en primera instancia muestran brechas alarmantes entre departamentos judiciales, variando desde un 22% en La Vega hasta un 71% en el Distrito Nacional. La ciudadanía debe vigilar que la justicia penal actúe con debida diligencia, peritajes idóneos y sin sesgos que revictimicen a las sobrevivientes.
- Impulsar los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. La mediación y conciliación en casos de conflicto por convivencia ciudadana en los últimos años han mostrado que un alto porcentaje pueden resolverse pacíficamente. Es necesario fortalecer la mediación judicial y las salidas alternas en casos penales previstos por el Código Procesal Penal, para contribuir a desjudicializar la conflictividad cotidiana de forma expedita y gratuita.
- Institucionalizar el trato digno, la escucha activa y la imparcialidad. El informe muestra algunos datos que merecen ser corregidos urgentemente. Entre las personas usuarias que se quejaron de no haber sido escuchadas en los tribunales, un alto porcentaje denunciaron la falta de atención e interés y prejuicios. Se debe exigir celeridad e imparcialidad, y fiscalizar la aplicación de la Guía y Protocolo de Trato Digno (2023) en todas las sedes judiciales.
- Proteger a poblaciones vulnerables y fortalecer la Defensa Pública. Se reconoce que niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, ancianos y privados de libertad sufren asimetrías severas. Aunque hay avances, muchos procesos se suspenden por falta de auxiliares o evaluaciones psicológicas. Debemos abogar por el fortalecimiento presupuestario de la Defensa Pública para garantizar igualdad procesal a personas sin recursos.
Otros retos importantes son: vencer el analfabetismo jurídico y erradicar el filtro socioeconómico; cerrar la asimetría e inequidad en la geografía de la justicia; y defender la independencia, integridad y sostenibilidad presupuestaria del sector.
