Después de varios choques con grupos insurgentes, el Gobierno reconoce la presencia de focos guerrilleros y afirma mantener el control de la situación
Aunque la Navidad suele ser una época de celebración para los dominicanos, en aquellos años en que la libertad se deseaba más de lo que se vivía, el pueblo seguía empeñado en conquistarla. La Zona Retro de esta semana recuerda un diciembre marcado por la lucha libertaria.
Primero de diciembre
La mañana del 1 de diciembre de 1963, la portada del periódico El Caribe informó que las autoridades habían detectado focos guerrilleros y que se había producido un enfrentamiento con los insurgentes que dejó bajas.
De manera extraoficial se informó que habían sido detectados dos focos guerrilleros, presuntamente de orientación procastrista, en el interior del país. También se indicó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estaban operando de forma conjunta contra los alzados y que la situación permanecía bajo control.
La información seguía siendo escasa. Aunque el Triunvirato se reunió con altos mandos militares, las autoridades mantenían un estricto silencio sobre lo ocurrido.
Una fuente cercana al Triunvirato señaló que, aunque las autoridades civiles estaban al tanto, no podían revelarse detalles por razones de seguridad. No obstante, tras las primeras informaciones, se esperaba que se emitiera un comunicado oficial para orientar al país sobre la situación.
Choque en La Calabaza: la guerra comienza
En la loma conocida como La Calabaza, en las estribaciones de la Cordillera Septentrional, las autoridades entraron en contacto con uno de los grupos guerrilleros y se produjo un enfrentamiento. Se reportaron dos bajas, aunque en ese momento se desconocía si correspondían a miembros de las Fuerzas Armadas o a los insurgentes.
De acuerdo con reportes de El Caribe, los primeros análisis estimaban que al menos 150 hombres integraban las fuerzas guerrilleras involucradas en las operaciones. En cuanto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se desconocía cuántos efectivos participaban en la persecución.
En este sentido, según los datos recabados por el diario, alrededor de 100 hombres actuaban en las estribaciones de la Cordillera Septentrional, en la provincia de Puerto Plata. El resto había sido ubicado en la zona de la Cordillera Central, cercana a la localidad de Bonao.
De los guerrilleros que operaban en la zona de Bonao, fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía capturaron a ocho, de los cuales siete fueron trasladados a la capital. Este grupo fue detenido con dos ametralladoras “Cristóbal” de fabricación nacional y dos rifles de perdigón, y, según se informó, se entregaron sin efectuar ningún disparo.
Los detenidos trasladados a la capital eran el doctor Juan José Matos Rivera, Marcelino Grullón Jiménez, Teódulo Rhadamés Guerra, el doctor Bienvenido Aquino Pimentel, Benito Alejo Guzmán Vargas, Arquímedes Pereyra Féliz y Eduardo Rosa Aristy. Aún permanecía en Bonao el ingeniero Manuel Lulo, pendiente de traslado.
Se señaló, de manera extraoficial, que el doctor Aquino ocupaba el cargo de presidente de la sección de Bonao de la Agrupación Política 14 de Junio.
El gobierno no ofreció información oficial sobre la ideología de los guerrilleros. No obstante, de manera extraoficial, los calificó de “extrema izquierda”, sin identificar ninguna agrupación concreta. Se indicó que la detención de un dirigente del 14 de Junio podría sugerir que algunos de los insurgentes podrían pertenecer a esa organización política.
Que el pueblo lo sepa
El Gobierno reconoció la existencia de, al menos, dos focos guerrilleros: uno en Los Quemados, en la jurisdicción de Bonao, y otro en La Escalera, en la jurisdicción de Altamira, y aseguró que la situación permanecía bajo control.
A través de un comunicado oficial del Triunvirato, se calificó el hecho como una “sublevación comunista” y se afirmó que los insurgentes estaban bajo el mando de los doctores Manuel Tavárez Justo (Manolo), presidente de la Agrupación Política 14 de Junio, y Juan Miguel Román, dirigente de la misma organización.
En ese sentido, el comunicado indicaba que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional se habían enfocado en “localizar y aislar a las guerrillas”. Además, señaló que, con el fin de preservar “la paz pública y la soberanía de la nación”, se había dado instrucciones para llevar a cabo una operación conjunta destinada a rodear y neutralizar los focos insurgentes.
Además, se informó que fueron capturados otros dos guerrilleros que operaban en la región de Bonao: Julio Lora Genao, originario de la zona, y Antonio Mirabal Jiménez, comerciante de La Vega. Este último, según se indicó, era pariente de las hermanas Mirabal, asesinadas en noviembre de 1960 por la dictadura trujillista. Con la captura de estos dos últimos, el total de prisioneros en el área de Bonao ascendió a diez.
Según datos de la Policía Nacional, los insurgentes vestían uniformes verde oliva y portaban brazaletes negro y verde, colores distintivos del 14 de Junio. Por su parte, el comunicado del Triunvirato señaló que los preparativos para las acciones subversivas, tanto en áreas rurales como urbanas, habían estado en marcha durante aproximadamente un año.
Fuerzas del Estado descubren planes de insurgentes
Los documentos incautados a los rebeldes detenidos en “El Quemado” indican que sus acciones buscaban, según ellos, restaurar el estado de derecho, que consideran ha sido “pisoteado por los militares trujillistas y los políticos serviles”.
En este sentido, uno de los documentos describía los objetivos del movimiento, mientras que el otro detallaba cómo los alzados planeaban administrar la justicia tras asumir el poder.
El documento, denominado “Reglamento del Ejército Revolucionario”, indicaba que los juicios se realizarían mediante un “procedimiento verbal sumarísimo” y contemplaba la pena de muerte para determinados delitos. Por su parte, el otro documento era descrito por los rebeldes como su “Código de Honor”.
En este sentido, el denominado “Código de Honor” afirmaba que las acciones de las unidades guerrilleras, tanto urbanas como rurales, “constituyen la defensa de la juventud y del pueblo frente a la traición, el terror y la violación de los derechos establecidos por el trujillato, el consejato, el triunvirato títere y sus cómplices”.
Además, el documento señalaba que sus operaciones estaban guiadas por los altos ideales de servicio a la Patria de Duarte, Sánchez, Mella y Gregorio Luperón, con el objetivo de restaurar el estado de derecho. Asimismo, se prometía respetar las propiedades de comerciantes, industriales, agricultores e intermediarios que no hubieran participado en los crímenes cometidos contra el pueblo por el trujillato, el consejato o el triunvirato.
