En unas semanas República Dominicana iniciará un proceso que podría verse como un trámite administrativo; tiene implicaciones más amplias para la vida económica del país. Hablo de la renovación de la cédula de identidad y electoral, por parte de la Junta Central Electoral (JCE).
El nuevo documento comenzará a entregarse de manera general a partir del 12 de abril, en un proceso organizado por el mes de cumpleaños del solicitante, que se extenderá hasta marzo de 2027. Antes de esa etapa masiva, la JCE ha venido ejecutando un programa controlado de captura de datos biométricos y emisión del documento a grupos focalizados de servidores públicos, profesionales y representantes de distintos sectores. Ese despliegue inicial ha permitido probar la tecnología y los procedimientos que luego se aplicarán al resto de la población. Y, conforme a lo que hemos visto, todo marcha sobre ruedas.
Quienes tienen a mano su nuevo documento, incluido yo, dan fe de que no es un simple cambio de plástico. Incorpora tarjeta de policarbonato, grabado láser, chip electrónico sin contacto y otros elementos de seguridad que refuerzan su autenticidad y reducen las posibilidades de falsificación o trampa. Buenísimo que sea así.
Puede parecer un detalle técnico, pero en realidad tiene un peso económico. La identificación confiable es uno de los pilares sobre los que funciona la economía moderna. Abrir una cuenta bancaria, solicitar un crédito, firmar un contrato de trabajo, registrar una empresa o validar una transacción dependen, en última instancia, de que la identidad de las personas pueda ser verificada con seguridad. Es lo que está asegurando la JCE. No es casual que la institución haya presentado recientemente las características del nuevo documento a representantes del sistema financiero. Para los bancos y otras entidades, contar con mecanismos más robustos de verificación de identidad significa reducir riesgos asociados al fraude, simplificar procesos de incorporación de clientes y avanzar hacia servicios más digitales.
La modernización de la cédula se inscribe dentro de una tendencia global en la que los sistemas de identidad evolucionan hacia plataformas tecnológicas capaces de interactuar con múltiples servicios públicos y privados.
En la medida en que esos sistemas ganan seguridad y confiabilidad, también se amplían las posibilidades de inclusión financiera, formalización de actividades productivas y desarrollo de nuevos servicios digitales.
