La aprobación de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, fruto de un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas, con la excepción de la corriente leonelista, es una buena noticia para el sistema de partidos políticos dominicanos. Distintos análisis han destacado las bondades y limitaciones de esta ley. No se trata de una legislación ideal, pero se debe reconocer que es una importante contribución para un mayor control y regulación de los partidos y para la promoción de prácticas de transparencia, rendición de cuentas y democracia al interior de estas organizaciones.
El reto ahora es cómo lograr que esta legislación no se quede en letra muerta, como ha pasado con otras leyes en ámbito institucional. El peor daño que se puede hacer a la democracia, es que luego de tanto tiempo para su aprobación, la Ley de Partidos no tenga ninguna repercusión en el sistema político. De ahí que los distintos actores responsables de su cumplimiento tienen el deber de cumplir con su responsabilidad para la vigencia plena de esta legislación. El Poder Ejecutivo ya promulgó la ley, ahora le corresponde aportar los recursos necesarios para su efectiva implementación.
A la JCE le corresponden tareas gruesas como la organización de las primarias de los partidos, la regulación de la precampaña y la fiscalización del financiamiento político. En tal sentido, este órgano electoral dio un paso importante en la dirección de cumplir con su rol, como lo constituyó la emisión de la resolución 003-2018, que establece un plazo de 75 días para que los partidos políticos definan el método de elección de sus candidatos. A partir de aquí, los dos retos inmediatos de la JCE son el de elaborar los reglamentos que manda la ley y el de evitar que los precandidatos, lanzados a destiempo al ruedo electoral, violen con sus actividades las disposiciones de la ley de partidos.
La puesta en práctica de esta nueva legislación no será posible sin un compromiso real de las organizaciones políticas, de cumplir con las obligaciones que ésta establece. Aunque se está en medio de una campaña prematura, los partidos no deben olvidar que tienen que comenzar a crear las condiciones para un manejo pulcro y transparente de los recursos económicos que reciben, tanto desde el sector público como de particulares. Esto implica mejorar su sistema contable, disponer de un portal en la web para la rendición de cuentas, establecer una cuenta única e integrar un equipo de técnicos y profesionales dedicados a fortalecer su área financiera. Al mismo tiempo, las organizaciones deben dar paso al impulso de aquellas acciones que permitan mejorar su democracia interna.
