Hace tiempo que la sociedad dominicana está demandando, de sus líderes, una eficaz gobernanza pública, pero cada vez más; aunque avanzamos en algunos aspectos, persisten rezagos o rémoras que imposibilitan un desarrollo integral y una ruta sostenible hacia un estadio de institucionalidad en los poderes públicos. Sin embargo, tal aspiración ciudadana choca con actores sociopolíticos y fácticos que, contrario a sus discursos o peroratas, conspiran contra esa aspiración suprema.

Un ejemplo elocuente de esa falencia en el liderazgo nacional es, precisamente, no tener una política de Estado firme y sistemática -sino coyuntural o de presión foránea-, sobre asuntos o temas neurálgicos de reafirmación soberana y defensa de intereses medulares e innegociables de cara a la comunidad internacional. Y esa falencia es histórica y cobra mayor relevancia cada vez que uno de esos asuntos fácticos-neurálgicos salta a la palestra pública y nos pone en evidencia, incluso, ante países más pequeños y de menor importancia económica-estratégica, pero que han sabido fijar posturas sobre temas o asuntos innegociables para su supervivencia. Cierto que, a veces, actúan como bloque -por ejemplo, Caricom-OEA-, pero aun así; unilateralmente, también, asumen y defienden, sin ambages, legislaciones o políticas públicas que podrían reñir con ciertas agendas supranacionales o en contravención con principios o normas del derecho internacional, medio ambiente o libre mercado.

Y ni se diga sobre política migratoria y extranjería, pues, algunos, son sumamente estrictos y exigentes; no digamos ya, como sucede en nuestro país -y no de ahora- tolerar desafíos a las autoridades competentes protagonizando desórdenes públicos o desobediencia civil. O ir más lejos, quemar la bandera nacional y airear otra; y tal irrespeto queda impune o como un episodio intrascendente.

Por todo ello, decimos que algo debe cambiar, pues no podemos dejar que nuestro país sea un relajo, y que extranjeros -no importa de qué nacionalidad- violenten normas internas o se obren, prácticamente, en nuestros símbolos patrios -¿que país del mundo tolera eso?-; o de más atención: seguir negociando, suscribiendo o ratificando instrumentos internacionales -tratados, convenios, convenciones, protocolos o declaraciones- sin dejar constancia, escrita a pie de página, de reservas facultativas, o sencillamente, denunciar un determinado instrumento aunque paguemos el costo, pues nadie respeta al que no se hace respetar ni fija postura-país en cualquier escenario.

Es hora ya de instaurar una nueva forma de gobernanza y de defensa-país. Además de decir, sin tapujo o temor, a nuestros aliados, en qué podemos acompañarlos y en que no.

En consecuencia, 2024 se nos proyecta como un gran desafío: o seguimos el derrotero histórico; o, como aspiramos, nos enrumbamos por una ruta-país de desarrollo integral, institucionalidad, postura internacional firme e innegociable sobre asuntos neurálgicos-estratégicos y cultura democrática de valores, gerencia pública eficaz, transparencia y justicia social.

Un signo esperanzador al respecto, es que estamos presenciando el relevo político-generacional de una clase política -o de sus liderazgos-, a pesar de ciertas resistencias. En fin, ¡algo debe cambiar!

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