El tema de mayor importancia en el 2017 ha sido el de la corrupción. Este problema, que hasta hace poco no preocupaba a los ciudadanos, ha alcanzado una gran relevancia junto a temas como el de la inseguridad y el costo de la vida. Así lo indican las últimas investigaciones sobre el estado de la democracia. El escándalo de Odebrecht y la consecuente movilización ciudadana, sin precedente en la historia política del país, podrían ser la explicación de este cambio. La presión ciudadana para que se enfrente la impunidad está provocando una variación en la tradicional permisividad social frente a la corrupción. Si no hay respuestas, la erosión de la confianza en el sistema político podría ser aún mayor.
Las respuestas gubernamentales tienen que ir más allá del discurso. El año 2011 se declaró mediante el decreto 728-10, como el de la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional. Sin embargo, eso no se tradujo en cambios institucionales que permitieran constituir un Estado con una mayor capacidad para el control y la fiscalización de los fondos públicos. Durante los últimos años se han hecho público diversos casos de corrupción sin que sus principales responsables hayan sido sancionados. La sociedad no está dispuesta a seguir tolerando este tipo de situación, por lo que este nuevo año que inicia debe constituirse, no mediante decreto sino de hecho, en el real año de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Este año debe avanzarse en la transparencia del sistema político y electoral. La aprobación de las leyes de partidos políticos y del régimen electoral, deben coadyuvar a que el dinero opaco no siga financiando la actividad política. Al mismo tiempo, se tienen que dar pasos firmes en lograr una justicia con mayor autonomía funcional. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público deben dar muestra de independencia en la investigación y persecución de la corrupción. La ciudadanía espera que por primera vez, los responsables de la gran corrupción sean ejemplarmente castigados.
El compromiso con la transparencia debe expresarse además, en reformas institucionales y en la efectiva aplicación de las leyes vigentes en materia de transparencia. Leyes como la Declaración Jurada de Patrimonio, de Libre Acceso a la Información o la de Compras y Contrataciones, no pueden seguir siendo letras muertas. Tiene que haber consecuencias para aquellos funcionarios que se resistan a cumplimiento de estas leyes. Por último, los órganos de control y de fiscalización del Estado dominicano, como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General y el Congreso Nacional, están en el deber de cumplir con su rol.
