La profesionalización, capacitación y sentido de pertenencia del capital humano, en especial de los auditores, es esencial para fortalecer la nueva Cámara de Cuentas. La inversión en el capital humano y la aplicación de la ética es vital para el órgano rector del sistema de auditoría y control externo del Estado cumplir con fiscalizar la administración de los recursos públicos de manera independiente, objetiva y eficaz y lograr llenar las expectativas que tiene la población dominicana y los organismos internacionales.

Instituir la carrera del auditor, permitirá a la entidad contar con personal capacitado y actualizado acorde a la evolución de las herramientas de control para fiscalizar la gestión de la administración pública, incluyendo el uso de las tecnologías de la información.

La carrera en principio puede ser establecida mediante resolución del pleno, hasta tanto sea modificada la Ley 10-04, esta debe ser acompañada de un efectivo régimen ético y disciplinario, estableciendo la obligatoriedad para los auditores presentar declaración jurada de bienes. La cual sería monitoreada y evaluada cada año.

La ciudadanía dominicana demanda que las instituciones brinden servicios satisfactorios y con calidad, por igual la rendición de cuentas a la sociedad y el acceso a las informaciones sin trabas.

Saludamos el informe presentado por el senador Antonio Taveras y la elección de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas para el período 2021-2025, auguramos éxitos en sus funciones y en el fiel cumplimiento de la ley, para bien de la colectividad.

Grandes retos tienen por delante, reiteramos que el principal es fortalecer la capacidad, gestión y monitoreo del equipo de auditores, también han de ponderar un cambio de la imagen de la institución y optimizar el uso de los recursos disponibles para aumentar la cantidad de auditorías realizadas, reducir el tiempo para emitir los informes y la disponibilidad de estos para el control social.

Además, bien pueden desarrollar el sistema unificado de monitoreo auditoría y transparencia del Estado, integrando en el mismo a la Contraloría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Contrataciones Públicas y de Ética e Integridad Gubernamental, Presupuesto, contabilidad gubernamental, los ministerio de Hacienda, Administración Pública, Economía, Planificación y Desarrollo, Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología, organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría General de la República, entre otras.

El autor es especialista en transparencia gubernamental y seguridad social.

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