El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana resbala cada vez más vertiginosamente por el desricadero institucional por el que va arrastrando al país.
Al PLD hay que ayudarlo, porque la crisis de identidad que lo carcome al parecer le impide a su cúpula ver las acciones con que están resquebrajando el ordenamiento institucional en que debe apoyarse un gobierno que pretenda tener un aparente barniz democrático.
No voy a referirme a la posición subversiva y de desacato a la Constitución en que se mantiene sublevado el presidente Danilo Medina, cuando le anuncia al país que su acatamiento de la Constitución está en suspenso, y despende de que él quiera respetarla o no.
Cuando se sabe incluso que más del 70% de la población rechaza cualquier intento de modificar la Constitución para que él pueda repostularse, y la gente entiende que su minoría sólo puede cambiar a mayoría congresual si compra a parte del Congreso, como existen múltiples evidencias de que ya lo hizo en 2015 para lograr su reelección.
Cuando el presidente Medina mantiene su posición de sublevación a la Constitución, de negarse a cumplirla y hacerla cumplir de manera inmediata e irrestricta, sin recibir una condena enérgica, responsable y maciza por parte de la opinión pública, se está empujando al gobierno del PLD y al país al caos y a la ingobernabilidad, y eso no los ayuda, ni claro ayuda al país.
En el día de ayer se le dio otro espaldarazo al miedo a la transparencia, bajo la que se esconde la corrupción, cuando el bloque de diputados del PRM solicitó incluir en la agenda del día un proyecto de resolución para que el ministerio de Industria y Comercio esclarezca la composición de los precios de los combustibles.
Aunque quienes por hacerse graciosos con el PLD y su gobierno lo quieran ignorar, todos sabemos que es una solicitud recurrente de los partidos de oposición, de la sociedad civil, de economistas independientes que sospechan costos hundidos que pudieran ser descubiertos a ojos del escrutinio público.
El Congreso es precisamente el ámbito en que deben ser esclarecidos unos altos costos que sirven como detonante de huelgas, paros y reclamos, porque impactan de manera implacable, y de manera transversal, los precios del transporte de pasajeros y de carga, la producción industrial y otros múltiples aspectos de la economía, los servicios y el confort hogareño.
Que el PLD se niegue a que le averigüen sus cuentas se entiende, pues ellos son los beneficiarios de un régimen de corrupción e impunidad harto denunciado por la sociedad.
Lo que no se entiende es que un reclamo formal, legal e institucional reclamo en tan importante sentido no haya merecido atención de los medios.
La forma de ayudar al PLD a bajarse del poder lo menos traumáticamente posible en 2020, es visibilizando sus abusos e irrespetos a la Constitución y las leyes.
La opacidad encubridora sólo conduce a niveles de confrontación que no necesitamos.
