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El presidente Luis Abinader ha dicho que reforma a la Constitución para designación de fiscal general independiente será sobre la base del convencimiento de la oposición y la sociedad; que “no conquistará legisladores por medios no correctos como se hizo en el pasado” para imponerla. Ha hecho bien el gobernante en resaltar su intención de legitimidad. Pero debe significarse particularmente que la modificación de 2010 llenó efectivamente ese requisito de consenso social. No fue, como otras, proyecto electoralista y, al margen del aspecto de designación del jefe del Ministerio Público, fomentó transformación positiva de ese órgano y de la Justicia. Por algo ese texto ha ganado prestigio internacional como una de las constituciones regionales más avanzadas.

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