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“Se entiende por administración profesional una Administración Pública dirigida y controlada por la política en aplicación del principio democrático, pero no patrimonializada por ésta, lo que exige preservar una esfera de independencia e imparcialidad en su funcionamiento, por razones de interés público”. Consignado en la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), firmada por nuestro país; pero lejos de eso, rige nuestra arraigada tradición político-clientelista. Ahora los militantes del Partido Revolucionario Moderno, ganador de las elecciones, esperan ser colocados en puestos públicos. Imposible complacer a todos los perremeístas que buscan empleo y ante las presiones, el presidente Luis Abinader, en riesgo de enemistarse con su propio partido, proclamó que “el Estado no es un botín político”, una tremenda noticia en nuestro país.

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