La casa debería ser el lugar donde termina la preocupación por lo que ocurre afuera. Durante siglos, la idea de refugio ha estado asociada precisamente a eso, cerrar una puerta y recuperar una sensación de protección. Por eso, cuando la violencia atraviesa esa puerta, el daño supera el valor de lo robado; se pierde también la confianza de que existe un espacio donde la familia puede bajar la guardia.
En menos de 15 días, nuestro país ha tenido varios recordatorios de esa vulnerabilidad. El 20 de septiembre, hombres penetraron en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este. Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, murió y el artista resultó herido. El dos de octubre, un hombre armado con un cuchillo entró a la vivienda del actor Kenny Grullón, lo lanzó al suelo, lo amarró y lo amordazó antes de sustraer pertenencias. Días después se conoció otro asalto contra el empresario tabaquero Loraine Perrone, en Altamira, Puerto Plata, quien fue encañonado, amordazado y golpeado en la cabeza dentro de su casa. Era, según los reportes, el segundo ataque que sufría en menos de dos años.
Los robos en viviendas aparecen de manera recurrente en los registros policiales. En 2024, por ejemplo, la Policía informó sobre una banda dedicada a cometer robos a mano armada en residencias de nacionales chinos en San Pedro de Macorís. Ese mismo año fueron reportados casos de penetración a viviendas en Higüey y Cotuí. En julio de 2026 ocurrió otro robo en Altos de Arroyo Hondo, donde el responsable habría escalado la pared perimetral y amenazado a las víctimas con un arma blanca.
Esto ocurre mientras las cifras generales muestran mejoras. El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana estableció que República Dominicana cerró 2025 con una tasa de 8.7 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes. En febrero de 2026, las autoridades reportaron 6,838 denuncias de robos, frente a 9,213 en el período comparable de 2025. Hay resultados que deben reconocerse.
El problema es que la seguridad ciudadana no puede analizarse únicamente por la cantidad agregada de delitos. También es importante dónde ocurren, cómo ocurren y cómo nos cambia la vida y la manera en que nos relacionamos con nuestros hogares. El Panorama Estadístico 118, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística a partir de ENHOGAR 2022, encontró que 31.2 % de la población urbana declaraba sentir mucho miedo a la delincuencia en su barrio o comunidad. En la región Ozama o Metropolitana, 28.8 % dijo sentirse “nada segura” al caminar sola de noche.
Ese contraste entre reducción estadística y temor social merece atención, porque puede convertirse en el preludio de estallidos sociales que en algún momento se salen de control. Cuando una persona siente que debe quitarse una cadena o una pulsera antes de salir, evitar determinadas calles o convertir su vivienda en una estructura cerrada por rejas y controles, significa que tenemos una materia reprobada en seguridad ciudadana.
Y aquí aparece una responsabilidad de las autoridades, junto con una tarea concreta para quienes vivimos en condominios, residenciales y comunidades. Esperar que toda la prevención dependa de una patrulla resulta insuficiente; sobre todo, si consideramos que la Policía Nacional es una de las instituciones que más temor genera en la ciudadanía. La organización residencial necesita convertirse en parte de la política cotidiana de seguridad.
La primera decisión consiste en establecer protocolos. ¿Quién puede entrar? ¿Cómo se verifica a un visitante? ¿Qué ocurre con suplidores, técnicos, empleados temporales o vehículos desconocidos? ¿Quién responde ante una puerta dejada abierta o una cámara que dejó de funcionar? Las reglas deben existir antes del incidente. Y no importa si el delibery del colmado es un conocido o la prima siempre viene a casa; el rigor debe permanecer, principalmente con aquellas personas de más confianza.
La segunda es determinar cuánto estamos dispuestos a invertir. La investigación Domestic burglary drop and the security hypothesis, de Andromachi Tseloni, Graham Farrell, Rebecca Thompson, Emily Evans y Nick Tilley, encontró que determinadas combinaciones de cerraduras de puertas y ventanas e iluminación interior y exterior estaban asociadas con reducciones considerables del riesgo de robo residencial. La prevención funciona mejor cuando existe un sistema y no cuando confiamos en una herramienta aislada.
Es decir, está muy bien que pongamos cámaras y cerraduras inteligentes. Pero estaría mucho mejor si estos dispositivos se combinaran con los esfuerzos de todos los vecinos, de manera que, en lugar de tener herramientas individuales, construyamos estructuras basadas en la convivencia y la consciencia de que la seguridad es un bien que puede ser compartido.
La tercera decisión tiene que ver con recuperar la capacidad de reaccionar como comunidad. The Effectiveness of Neighborhood Watch, de Trevor Bennett, Katy Holloway y David Farrington, encontró reducciones del delito de entre 16 % y 26 % en áreas cubiertas por esquemas de vigilancia vecinal evaluados. Eso no significa sustituir a la Policía. Significa saber quién vive al lado, tener mecanismos de alerta, acordar qué hacer frente a una emergencia y evitar que cada apartamento funcione como una isla. Dicho de otra manera, está demostrado que el esfuerzo conjunto tiene un impacto mucho más amplio. No significa que no pueda pasar un incidente de inseguridad, pero es menos probable que tenga un efecto trágico si contamos con el resto de vecinos como red de apoyo.
La Policía puede investigar, perseguir y apresar después de un asalto. Esa función es necesaria. Pero quienes vivimos dentro de una comunidad tenemos preguntarnos y respondernos qué estamos haciendo para reducir la posibilidad de que alguien atraviese nuestra puerta y convierta nuestro lugar seguro en una casa del terror. Estoy segura de que la respuesta pasa por la cooperación en la convivencia.
