¿De la anestesia? ¿De la pesadilla? ¿Del sueño neoliberal? No tengo la respuesta. Hasta el momento he escuchado la convocatoria de jóvenes chilenos a la revolución. Una revolución contra la desigualdad, la pobreza, los bajos salarios, las pírricas pensiones, la pésima educación, el difícil y costoso acceso a las universidades, y el deficiente sistema de salud pública.
Me dediqué el pasado sábado a revisar la evolución de las variables que han sido utilizadas por los jóvenes chilenos en una protesta que estalló luego de la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de elevar la tarifa del Metro de Santiago, en hora pico, de US$1.12 a US$1.16. Han señalado que Chile tiene la mayor desigualdad de la región y que a pesar del crecimiento que ha logrado, la desigualdad no ha bajado. Busqué la data que publica un organismo anti-neoliberal, la CEPAL, presidido por la bióloga mexicana Alicia Bárcena, quien ha alabado la impresionante marcha pacífica y ciudadana de hombres y mujeres libres para construir una sociedad mejor. Lo primero que detecto es que en el 2017 había diez países en la región con mayor desigualdad que Chile: Brasil, Guatemala, Colombia, Panamá, México, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Bolivia. ¿Hay desigualdad en Chile? Sí. ¿Es el país más desigual de la región? No. ¿Ha fracasado la estrategia de desarrollo implementada en Chile para reducir la desigualdad? En 1990, el índice de concentración del ingreso (Gini) en Chile era de 0.572. En el 2017, bajó a 0.454. En consecuencia, la desigualdad en Chile ha bajado. Algunos sostienen que debió haber bajado más y ese es un punto válido para ser colocado en la agenda que deberá ser presentada en la mesa donde hombres y mujeres de Chile se sentarán próximamente para definir el proceso de construcción de una sociedad mejor, que permita erradicar totalmente la pobreza, la cual se sitúa en 10.6%, la más baja de la región después de Uruguay (2.7%).
Además de la pancarta de la aberrante desigualdad, se levanta otra más cerca del bolsillo: el bajísimo salario mínimo. Es cierto, el salario mínimo en Chile (US$435), a pesar de que ha aumentado en 788% entre 1987 y 2019 medido en dólares corrientes, sigue siendo bajo. Es otro punto a ser llevado a la mesa de concertación. A simple vista uno pensaría que Chile tiene condiciones para desplazar en menos de dos años a Costa Rica (US$492) y a Panamá (US$530) de las dos primeras posiciones en el ranking del salario mínimo de la región. Los jóvenes señalan que el salario no rinde cuando enfrenta prácticas no-competitivas en la determinación de precios en algunos mercados que parecen estar capturados por prácticas monopolistas u oligopolistas en la determinación de precios. Frente a esas fallas de mercado, la intervención del Estado resulta imprescindible.
Las pensiones que genera el sistema de capitalización individual, señalan, son muy bajas. Los chilenos quieren un sistema que les genere pensiones equivalentes a cerca del 80% del salario promedio, como sucede en los países europeos. La verdad es que con un aporte neto de 10% a la cuenta de capitalización individual es prácticamente imposible generar pensiones del 80% del salario. Ahora bien, si la contribución a la cuenta de capitalización individual fuese el 33%, 28.3% y 25.4% que empleados y empleadores aportan a los sistemas de reparto de Italia, España y Alemania, el sistema de capitalización individual chileno podría generar pensiones igual o superior al 80% del salario. El Gobierno ha querido aumentar la contribución neta a la cuenta de capitalización de 10% a 14%. Quizás ahora, luego de las protestas, puede recibir el respaldo de los cientos de miles de jóvenes que aspiran recibir en el futuro pensiones decentes. Otra opción es subir la contribución a 12.8% como en Dinamarca, elevar el IVA chileno de 19% al IVA danés de 25%, y destinar las recaudaciones adicionales a financiar un pilar público como sucede en Dinamarca. No es ironía, es realidad.
La educación en Chile es mala, no sirve para nada. Las recetas neoliberales de los vouchers y las escuelas particulares subvencionadas no han sido efectivas. No tengo elementos de juicio para evaluar la calidad de la educación en Chile; estoy seguro que los jóvenes chilenos protestantes si los tienen. Lo único que me atrevería a decir, con el perdón de ellos, es si es cierto que la educación en Chile es mala, también es cierto que es la mejor de la región. Entre los nueve países de la región que participaron en las pruebas PISA 2015, los jóvenes chilenos obtuvieron las más altas calificaciones en Ciencias, Lectura y Matemáticas en toda la región.
Señalan además que la matrícula universitaria es muy cara y el acceso es limitado. Reconociendo lo primero, en enero del 2018, se aprobó la gratuidad universal en la educación superior: las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la población, cuyos miembros estudien en instituciones adscritas a este beneficio, no deberán pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera. En el 2019, hay 33 universidades, 5 institutos profesionales y 10 centros de formación técnica, acogidos al sistema de gratuidad. A pesar de que la tasa bruta de matrícula en educación superior en Chile ha pasado del 12.7% en 1972 a 88.5% en el 2017, el acceso realmente es limitado: en el 2019, un 56.7% está matriculado en las universidades, 32.0% en los institutos profesionales y 11.3% en los centros de formación técnica. Todos quieren ingresar a las universidades, pero no hay cupos suficientes. Y como si esto fuera poco, los egresados de las escuelas privadas, al estar mejor preparados, tienen más probabilidad de ser admitidos. En efecto, mientras en el 2018 sólo el 30% los estudiantes egresados de las escuelas públicas (municipales) fueron admitidos en las universidades, el 79% de los egresados de las escuelas privadas ingresaron. Los jóvenes chilenos reclaman más oportunidades y facilidades para ingresar a la universidad y reformas que permitan elevar sustancialmente la calidad de la educación que reciben en las mismas. Aparentemente, muchas universidades privadas en Chile no ofrecen una educación de calidad, tal y como sucede en otras geografías latinoamericanas. La eliminación del 10% de los ingresos por ventas brutas del cobre que realiza Codelco que va a parar a las Fuerzas Armadas, podría contribuir a mejorar el acceso y la calidad de la educación universitaria de Chile.
Las protestas también levantan pancartas contra el ineficiente sistema de salud pública. A pesar de que Chile es el país de la región que más ha logrado reducir la mortalidad infantil entre 1970-195 y 2015-2020 (de 66.6 a 6.7 por cada 1,000 nacidos vivos), la mejor oferta de servicios de salud, la que se ofrece a través de las ISAPRE que administran el sistema privado, es accesible solo al 20% de la población; el restante 80% está afiliado al seguro público denominado FONASA. Es normal y perfectamente entendible, que todos prefieran tener acceso a lo mejor. El propio presidente Piñera reconoció en el 2018 que los críticos del servicio público de salud tienen razón y que las deficiencias tienen que ser enfrentadas.
¿Cuál es el país de la región cuyo gobierno más invierte en lo social? Según la Cepal, Chile, con 16.1% del PIB. Ricardo Lagos, el primer presidente socialista que ha tenido Chile después del tránsito de la dictadura a la democracia, entiende que el cuestionamiento al modelo económico o estrategia de desarrollo chileno que emana de las protestas se puede resumir en la siguiente frase: “Yo esperaba más”. Lagos explica que el modelo no ha podido dar más “porque nuestro sistema tributario prácticamente no ha cambiado pese a las numerosas reformas que se han querido hacer. Primero: la carga tributaria se ha mantenido prácticamente igual: en torno al 18% y 20% respecto al producto nacional bruto, una cifra magra. Los amigos europeos están todos alrededor del 35% y 40%. Estados Unidos, cerca del 30%. Esa carga tributaria no permite generar una mejora en la igualdad de los ingresos, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo.” El ex presidente socialista confiesa que “cada vez que quise algo, la única forma de poder financiarlo era subiendo el IVA. Fue muy compleja una transición en donde había una camisa de fuerza heredada y en donde esa camisa de fuerza básica, de carácter tributario, ha impedido que Chile haga lo que todos deben hacer: que a medida que el país va creciendo, aumente la carga tributaria. Felipe González, en España, asumió en 1982 con una presión tributaria del 22%. En 1996, después de 14 años, había crecido al 36%. Un punto por año.”
Chile terminó en el 2018 con ingresos fiscales equivalente a 24% del PIB. Para Lagos y posiblemente también para Piñera, esto resulta insuficiente. Es imprescindible que los jóvenes chilenos expresen también lo que piensan sobre cual debe ser el rol del Estado que aspiran y estimen el costo de su funcionamiento. En Chile, al igual que en el resto de la región, debe haber despilfarro en el gasto público que puede ser recortado. Sin embargo, tengo la impresión de que los chilenos, muchos de ellos de descendencia europea, aprecian más el modelo socialista de mercado europeo que el norteamericano. Si esto finalmente se comprueba, hay que ver cuales son las reformas que los jóvenes chilenos diseñarían para llevar la presión fiscal del 24% que actualmente tiene Chile al 35%-40% que prevalece en la mayoría de los países de Europa.
Una advertencia debe ser hecha. Chile no es un país de desarrollado. Su PIB per cápita, en dólares corrientes, en el 2019 ascenderá a US$15,400, la cuarta parte del de Dinamarca, la tercera parta del de Francia y la mitad del de España. Llevar la tributación a los niveles que indica el socialista Lagos pasaría una factura considerable en términos de desaceleración del crecimiento económico, en un país donde todavía hay muchos pobres que incorporar al mercado de trabajo. Si es por presión fiscal, Ecuador no debió haber registrado protestas en el 2019. El año pasado cerró con una presión fiscal de 36%, dentro del rango previsto por el ex presidente chileno.
Los jóvenes chilenos quieren una revolución. Algunos, como la Secretaría General de la OEA, sostiene que esas protestas “tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social”. No tengo elementos de juicio para valorar la hipótesis conspirativa. El Gobierno de Chile es el mejor informado y más calificado para validarla o rechazarla. En el ínterin, creo que los jóvenes chilenos aspiran a una revolución por el acceso gratis a bienes y servicios públicos de calidad.
Lamentablemente, la tributación chilena actual no lo puede garantizar. Aspirar a los bienes y servicios públicos de calidad global que ofrecen las economías desarrolladas del mundo, con insuficiente tributación interna y precios mentirosos al por mayor y detalle, no es posible. O se llenan de paciencia, o aceptan pagar más impuestos, o promueven un mayor endeudamiento público o abren las compuertas al financiamiento inflacionario como hizo Allende para financiar un déficit público que alcanzó 23% del PIB en 1973. La bandera de la “justicia social” es atractiva pero, sobretodo, costosa. Como decía Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. A los jóvenes chilenos hay que invitarlos a conversar con seriedad y apertura, pero, sobre todo, entregándoles toda la información disponible para que ellos puedan articular sus propuestas. Y luego, escúchenlos.
