La justicia penal está en crisis. El Código Procesal Penal trajo garantías y debido proceso al derecho penal, colocándose a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos como centro del mismo.
Todo iba bien durante el primer año: los actores aprendían sobre la marcha y aplicaban la “nueva normativa”. Luego llegaron las críticas y la solicitud de “las fuerzas vivas de la nación” de modificar la norma procesal penal, pues “todo lo negativo que sucede en el país es producto de ella”.
Hoy todo es prensa y estadísticas. Se quieren ganar los casos en los medios de comunicación y las decisiones son normalmente favorables al ministerio público, aun con pobres investigaciones y escasas pruebas debido, entre otros factores, al temor de los jueces al momento de aplicar la ley.
Explico lo del temor de los jueces. De un lado están los jueces, formados como garantistas en la Escuela Nacional de la Judicatura. Del otro, la sociedad que es afectada por un aumento inusitado del índice de criminalidad. El cual, en vez de establecerse como el resultado lógico de la pérdida de valores y referentes morales, del enriquecimiento fácil, de la corrupción administrativa, de la falta de oportunidades, de la pobre calidad de la inversión en educación, de la aparente comunidad entre sectores políticos y militares con el crimen (entre otros factores), se le pega todo esto a una simple ley, como productora y promotora de lo referido.
Es más fácil para la clase gobernante decir que todo es producto del Código Procesal Penal y así no asumir responsabilidades. Entonces aquí entra la prensa, poniendo en el paredón a cualquier juez que actúe conforme al CPP, atacándolo de forma despiadada, sin fundamento, pero de forma efectiva, al punto que éstos (los jueces) empiezan a aplicar de forma fraudulenta el Código para dar prisiones y condenar aun sin pruebas. Entre jueces se podría decir que “nadie ha sido investigado o cancelado por condenar, pero si por soltar”.
Los fiscales, si los jueces deciden contrario a sus solicitudes, los acaban en la prensa y los someten disciplinariamente; y aun así los jueces, sin defenderse, siguen “ayudándolos” en los procesos. Muchas veces casi se los hacen. Pobres jueces, como la arepa, reciben candela desde dentro y desde fuera, por arriba y por abajo, nadie los protege. Sufren callados.
Por esta razón en medidas de coerción la prisión es la regla, en instrucción las aperturas a juicio y en fondo las condenas. Y la Corte de su lado todo lo confirma. Bueno, siempre habrá excepciones en todos los niveles.
Por eso la justicia penal está en crisis. Siendo conservador quizás el 95% de los jueces actúa de esta forma, el 5% restante son los que aún creen en las garantías, en la normativa, en la Constitución, en lo que le enseñaron en la Escuela Nacional de la Judicatura, y fallan en base a la norma y a su buen juicio, sin importar lo que digan y pase lo que pase. Necesitamos más jueces así.
(Este artículo lo publiqué con ligeras correcciones, originalmente, en noviembre de 2009: ¿Qué tanto habrá cambiado el sistema en casi 13 años?).
