¿Y ahora Lajún?

Ahora es que la piña se le puso agria a quienes invocan derechos sobre los terrenos del CEA en los que está asentado el vertedero de Duquesa. Quienes invocan esos derechos sobre ese inmueble del Estado dominicano deberán presentar ahora los documentos en los que afirman su reclamo. Pero no sólo eso, el caso debe ir a manos de la Procuraduría General de la República, para que investigue a fondo cómo fue que terceros se pusieron de acuerdo para contratar sobre lo ajeno, y singularmente, obtener un título nadie sabe cómo, en la Jurisdicción Inmobiliaria. Si fuese como hay que imaginar, estamos ante múltiples delitos. Ahora el gobierno tiene vía franca para actuar. No hay excusas.