Una primera lectura de la “detención” del proyecto minero Romero de San Juan de la Maguana, es que el Gobierno se quitó presión de encima y, de paso, atendió un clamor popular.
Pero visto ese gesto de una manera más objetiva, podría enviar un mensaje negativo tanto para la inversión extranjera y la seguridad jurídica, como por haber dado un pie de amigo a los que, amparados en la “licencia social” que invocó Abinader, harán oposición a toda concesión, solicitud o derecho minero.
Ya nos imaginamos que, por el ejemplo de San Juan, a la próxima convocatoria a marcha en contra de una futura explotación minera en la Cordillera Septentrional acudirá gente de toda parte para lograr que alcance la categoría de “licencia social” y sea también siquitrillada.
