La Constitución que no se enseña

Preguntemos a cualquier ciudadano las siguientes preguntas básicas ¿qué haces si te detienen sin una orden judicial? ¿Cuánto tiempo pueden retenerte sin presentarte ante un juez? ¿Qué es un amparo? Para el caso de que lleguen las respuestas (porque muchas veces obtendremos silencio por respuesta) estas serán contradictorias, vagas y erradas en su gran mayoría. Todo esto es resultado de un sistema que consagra derechos, pero no se ocupa en enseñarlos.

Nuestra Constitución es, en palabras de muchos doctrinarios locales e internacionales, una de las más avanzadas del mundo. Abre con un preámbulo de belleza poética, consagra un Estado social y democrático de derecho, un catálogo amplio y abierto de derechos fundamentales y garantías para hacerlos efectivos. Pero un derecho que su titular desconoce es un derecho a medias. Quien no sabe que puede exigir, no exige. Y quien no exige, termina aceptando como normal lo que la Constitución expresamente prohíbe.

Lo más llamativo es que la propia Constitución se redactó previendo este problema, por lo que en su artículo 63, numeral 13, dispuso que todas los centros educativos públicos y privados debían incluir formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.

Se trata de un mandato constitucional, no de una recomendación ni una aspiración vacía. Este fue uno de los principales reclamos del primer presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien veía en ese mandato la forma de educar en democracia.

La realidad es que se han avanzado en términos de acuerdos institucionales y preparación, pero en la práctica la brecha sigue siendo muy amplia, tanto así que en el proceso han mediado acciones de amparo en reclamo de garantizar ese mandato, no es un buen indicativo que el Estado haya sido condenado por el Tribunal Superior Administrativo a dar cumplimiento a la Constitución.

Desconocer la Constitución no es un asunto académico, no está reservado para estudiantes ni abogados, las consecuencias son concretas y las vemos a diario. Tenemos personas que renuncian a guardar silencio porque nadie les dijo que podían hacerlo, familias que desconocen que su familiar detenido debe ser presentado ante un juez en un plazo máximo de 48 horas, ciudadanos que firman declaraciones sin asistencia de abogado creyendo que así están “colaborando”.

Y el problema excede lo que mi práctica penal me permite observar, este desconocimiento hace que el ciudadano no ejerza el derecho a acceder a información pública, soporte arbitrariedades de la Administración, atropellos de la autoridad, y más. Una democracia sin ciudadanos que conozcan sus reglas es una democracia frágil, por mucho que tenga una Constitución robusta.

No es recitar la Constitución, es conocer su espíritu, formar ciudadanos completos, usar contenidos prácticos, casos reales, situaciones en las que las personas se vean reflejadas y puedan actuar en consecuencia. Cada noviembre celebramos la Constitución con actos protocolares y discursos. Sería un mejor homenaje que cada estudiante que termine el bachillerato sepa, al menos, cuáles son sus derechos fundamentales y cómo defenderlos.

La Constitución no se defiende sola. La defienden los ciudadanos que la conocen. Mientras no la enseñemos, seguiremos teniendo un texto admirable y una ciudadanía desarmada frente a quienes prefieren que nadie sepa lo que dice.