La actual administración del PRM empezó bajo una ola ciudadana favorable -más que otra cosa de clase media- enfocada en lo que fueron sus promesas de campaña -2020-: fin de la impunidad -algo histórico-, lucha contra la corrupción pública-privada y conjura del fenómeno seguridad pública. Sin embargo, obvió que dos de esos fenómenos o temas son de carácter histórico-estructural y sistémico en países subdesarrollados o en vías de desarrollo: impunidad -valga decir, justicia independiente o separación de los poderes públicos- y corrupción pública-privada. Y no decimos del tercero -seguridad pública- porque aunque también es un fenómeno social está indisolublemente ligado a otras variables socioeconómicas (desempleo, delincuencia organizada, falta de políticas públicas de inclusión social y enfoque de desarrollo integral).

De modo que, de aquella aureola de cambio, sólo quedan resabios y alharacas mediáticas de un “populismo procesal” que ya ha perdido credibilidad pública; y de la oferta de conjurar el fenómeno seguridad ciudadana, lo que hemos visto, lamentablemente, es un desborde. Y de ese impulso primogénito-mediático, bajo el telón o promesas de erradicar esos temas neurálgicos, la actual administración ha entrado en una deriva defensiva -partidaria-gubernamental- al no poder distanciarse y quedar ilesa de los fenómenos que se planteó conjurar y que fueron armas-discursos de su rabiosa oposición: política anti-empréstitos -verbigracia, Faride Raful-, cero tolerancia con el flagelo corrupción pública -ya hay expedientes en proceso de exfuncionarios de la actual gestión (porque, como decimos, el fenómeno es estructural-sistémico, y quizás con un pacto político-multisectorial e institucional se podrá aminorar y sancionar efectivamente)-, inseguridad ciudadana, dirigentes electos (diputados) procesados-extraditados por asuntos de delincuencia transnacional; más, descuido-abandono de áreas vitales de la producción agrícola. Y encima: orientación oligárquica e islas de poderes (político-empresariales-o fáctico-regionales-) .

De tal forma que, a estas alturas, el partido de gobierno y sus ejecutorias, a pesar del ímpetu e interés del presidente, evidencian fallas o grietas al punto de entrar, políticamente, a la defensiva frente a un escenario internacional de crisis y otro nacional de descontento ciudadano por promesas incumplidas que los sitúa, a ambos, en una situación difícil en la antesala de un año (2023) preelectoral. Esto, en contraposición con lo que se quiere vender con encuestas de sastrería y excesiva publicidad estatal dirigida a crear percepción pública artificiosa.

Por último, variar esos escenarios o realidad sociopolítica le será cuesta arriba a la actual administración, pues tiene el tiempo encima y la tormenta perfecta: disidencias desde dentro y públicas, descontento ciudadano, quiebra o discontinuidad de otrora servicios públicos, un exaliado-2020 de frente -habría que ver hasta dónde-; y un PLD-candidato (cabeza de oposición) enfocado en el objetivo -político-electoral- de volver al poder en 2024. Por lo tanto, revertir ese desfavorable panorama sólo es posible si la oposición se empeña en fragmentarse o autoengañarse.

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