Escuché a un antiguo dirigente político lamentarse de que un compañero suyo, llegado a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, había resultado un malagradecido. Lo llamaba por teléfono y el magistrado no le contestaba. No conozco las razones de aquel silencio, pero me llamó la atención la naturalidad con que se presentaba semejante queja. En este país hemos llegado a considerar una descortesía que un juez no esté disponible para sus antiguos compañeros de partido o compañero de estudio o socio de oficina.
Yo habría celebrado aquella ingratitud. Hay políticos que conservan una idea bastante generosa de sus derechos. Basta haber compartido una campaña, asistido a tres reuniones o conocido a alguien antes de su nombramiento para adquirir, según ellos, cierta autoridad sobre su conducta. La amistad, en esos casos, tiene obligaciones muy particulares: uno llama y el otro debe contestar. Poco importa que ahora presida un tribunal.
Lo verdaderamente preocupante comienza cuando la llamada tiene relación con un expediente judicial. Nadie suele pedir una sentencia favorable. Los favores importantes se solicitan con delicadeza. Se pregunta por un proceso, se recomienda a una persona honorable o se recuerda discretamente alguna vieja solidaridad. Todo ocurre entre caballeros que, naturalmente, profesan un respeto extraordinario por la independencia judicial.
Pero cuando el juez deja de contestar. Entonces aparecen las acusaciones de ingratitud.
Siempre he pensado que un magistrado debe estar preparado para decepcionar a sus amigos. La justicia exige una independencia que no admite excepciones sentimentales. Quien necesita llamar a un juez para obtener lo que la ley le reconoce probablemente desconfía del sistema. Quien pretende conseguir lo que la ley le niega debería recibir una respuesta todavía más sencilla.
Nuestra clase política ha tardado demasiado en comprenderlo. Durante años, algunos dirigentes han confundido la autoridad con la posibilidad de influir sobre quienes la ejercen. Hablan de fortalecer las instituciones mientras procuran conservar amistades en los tribunales. Después pronuncian discursos conmovedores sobre la separación de poderes.
Quisiera ver a un juez de carrera presidiendo la Suprema Corte. Un magistrado que haya dedicado su vida a impartir justicia, cuya trayectoria pueda examinarse sin consultar su pasado partidario. No porque la carrera judicial garantice automáticamente la independencia, sino porque merece oportunidades reales de dirigir el sistema que conoce.
Me preocupa el cansancio de una sociedad que escucha demasiadas promesas institucionales y encuentra pocas razones para confiar. Un país puede recuperarse de una mala administración, pero cuando sus ciudadanos comienzan a sospechar que la justicia depende de las relaciones personales, el deterioro alcanza la propia convivencia democrática.
También debemos exigir responsabilidades severas a quienes utilizan cargos públicos para cometer delitos. El funcionario corrupto dispone de una autoridad que recibió para proteger intereses colectivos. Cuando la utiliza para beneficiarse, merece responder ante tribunales independientes, sin privilegios ni condenas anticipadas.
La elección de los magistrados no debería satisfacer compromisos políticos. Debe premiar competencia, integridad y trayectoria.
Ojalá quienes participan en esas decisiones renuncien alguna vez a la tentación de colocar personas agradecidas.
Porque un buen juez no necesita demostrar fidelidad a quienes lo promovieron. Necesita demostrar independencia frente a todos.
Y si algún político vuelve a quejarse de que un magistrado no le contesta, convendría preguntarle qué pretendía.
La justicia empezará a merecer nuestra confianza cuando los poderosos comprendan que sus llamadas tampoco tienen privilegios.
