Canadá legalizó hace semanas la marihuana para uso recreativo. El futuro Gobierno de México parece dispuesto a seguir el ejemplo pues Marcelo Ebrard, quien será el canciller de López Obrador, propone legalizar la hierba para reducir la violencia y desahogar las prisiones.
En Estados Unidos, estados como Colorado y Washington permiten el uso recreativo en espacios privados y hay 21 estados que permiten el uso medicinal. Esto coincide con la posición de algunos mandatarios latinoamericanos que han hablado de la necesidad de debatir las propuestas de legalizar las drogas blandas y liberalizar un poco el mercado y han expresado que la marihuana es menos peligrosa que el tabaco o el alcohol en su impacto en el consumidor individual.
Incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió a los gobiernos que consideren despenalizar el consumo de drogas como parte de una estrategia de salud pública. Y representantes de la Iglesia católica en países como El Salvador han defendido esta posición, pidiendo hacer una discusión a profundidad, sin intereses económicos.
Actualmente, entre los lugares que han legalizado la marihuana, aquellos que han despenalizado su consumo, aquellos que permiten dosis personal (como Ecuador, Paraguay, Colombia, etc.) y aquellos donde la ley ha quedado en desuso y no se persigue (como Costa Rica, Reino Unido, Jamaica, etc.), es minoritario ya en el mundo el segmento donde es simplemente ilegal.
La realidad demanda debatir el tema de la legalización, que no es lo mismo que despenalización sino que implica regulaciones como las que tiene el cigarrillo, por ejemplo, que no puede ser adquirido por menores, no se puede consumir en sitios cerrados y la caja debe especificar que es perjudicial para la salud. Además, requiere obligatorios controles de calidad y provee beneficios fiscales al estado.
Por esto último muchos entienden que obtener impuestos para el fisco por la venta de drogas legales permitiría crear un fondo para tratar a los adictos de drogas duras, que hoy no tienen suficiente ayuda por falta de recursos.
Otro argumento de quienes defienden la posición es que puede promover la eliminación de las consecuencias que resultan del narcotráfico y la reducción de cargas policiales, judiciales y penitenciarias por posesión.
Esto no se trata de una defensa ni de un ataque ciego, sino de entender que el tema no debe ser analizado con tabúes, pues debatirlo con objetividad puede quizás conducir a soluciones verdaderas ante una guerra en la cual, hasta ahora, el mundo ha perdido todas las batallas.
