El presidente Luis Abinader ha enviado claras señales de hacia dónde se encaminan las prioridades del nuevo período desde el 16 de agosto, con la emisión de decretos que se complementan, la creación del Comisionado de las Reformas del Estado y la aprobación por el Congreso del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal.
Para más evidencias, en un extraño movimiento a horas de expirar la legislatura, el Ejecutivo deposita ante el Senado un proyecto para traspasar terrenos del Estado con el objetivo de ser entregados a un fideicomiso público.
Cada acción apunta a profundizar sus iniciativas para modernizar el Estado y es una suerte de preaviso de que quizá la reforma fiscal esta vez no solo vaya en serio, sino que aspira a tener cierto grado de profundidad e integralidad.
Mediante el decreto 390-24 fueron nombrados Andrés Bautista García, ministro Administrativo de la Presidencia, Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, y Tomás Darío Castillo en el recién creado (decreto 385-24) Comisionado de las Reformas del Estado, los tres de reconocida experiencia para cargos que apuntan en la misma dirección.
El vulgo esperaba que con el decreto 390 (o “decre-tuit”), comenzara una retahíla de nuevos nombramientos, pero al parecer, al ser de ejecución inmediata, el interés era acoplar una maquinaria que esté “engrasada” para el 16 de agosto.
Sucesivamente se han producido hechos que caen “como anillo al dedo” a lo que creemos marcará la agenda del Ejecutivo, como la aprobación, en vísperas del término de la legislatura ordinaria, del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo objetivo, informó el ministro de Hacienda es: Ponernos a nosotros mismos límites razonables de crecimiento del gasto público que permitan, por un lado, cumplir las funciones intrínsecas del Estado y, por otro, seguir garantizando la sostenibilidad de la deuda pública” .
En el “corazón” de esa pieza figura, además de procurar transparencia en la gestión financiera del Estado, “crear reglas para el comportamiento fiscal”.
En el ambiente hay aires de reformas, y si bien se ha dicho que la constitucional liderará, son indudables los aprestos gubernamentales en torno a los cambios necesarios para modernizar el Estado, así como simplificar su estructura, y lo concerniente a lo fiscal, que aunque se ve complejo por los intereses que entrelaza, es un proceso que se ha echado a correr.
