La salud mental en el país siempre ha estado relegada, nunca ha sido una prioridad en la agenda de los que están en posibilidad de tomar decisiones y también ha sido la cenicienta del presupuesto sanitario.
Por ello satisface el reciente anuncio de un plan para abordar el problema, que saludamos con la esperanza de que no quede solo en eso, en una formulación sobre promesas pendientes de cumplir.
Contiene algunas medidas específicas sintetizadas en siete programas, que dan una idea del propósito y nuevos protocolos, lo cual resulta alentador.
Se anuncia el objetivo de contar a finales de 2026 con 500 camas para atención de pacientes, pasar de 18 a 89 Unidades de Atención de Crisis y la línea de servicio 811 de salud mental, gratuita y confidencial. Otro aporte significativo si se concretara, sería la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia.
Del anuncio del nuevo plan también valoramos el enfoque en acciones preventivas y en el fortalecimiento de la atención primaria, como también involucrar a la comunidad y educar a la población que, ante la falta de atención adecuada, estigmatiza a los enfermos mentales, los esconde o los aísla.
La salud mental afecta toda la convivencia social, desde los problemas de pareja que terminan en feminicidios, hasta los enfrentamientos entre vecinos por la música a alto volumen, o duelos estilo “far west” por un turno en una gasolinera; incluso el manejo temerario de motores y guaguas en las calles está relacionado con esta cuestión.
El Estado debiera exigir a las ARS, y así aprovechar las expectativas que se abren con este nuevo proceso, más atención a estas patologías, y también involucrar a las empresas en crear programas de manejo de la ira, en promover ambientes laborales más saludables, entre otras iniciativas que rara vez se implementan.
Esperamos la instrumentación de este plan, porque hay mucho por hacer en una materia tan delicada, que siempre se ha mirado de soslayo, casi con indiferencia.
