El pacto homologado de Maxi Montilla, por el que se compromete a devolver RD$3,000 millones al Estado para librarse de una acusación de corrupción por RD$13,000 millones, no le cae bien al público.
Tampoco la libertad condicional otorgada en noviembre de 2024 a José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuky), condenado a diez años en diciembre de 2022 por el atentado a David Ortiz. Sobre este personaje pesaba otra condena de 10 años y guardaba prisión desde el 20 de enero de 2016. O sea, una condena sobre otra, pero un juez lo dejó libre por buena conducta.
Por más explicaciones y “periquitos” legales argüidos para ambos, el fino olfato del pueblo considera que con Montilla el Ministerio Público hizo un mal negocio y costó más la sal que el chivo, algo que suele ocurrir cuando se apresa primero, con abundante ruido mediático, y se investiga después.
En cuanto a Ciprián Lebrón (Chuky), asesinado la madrugada del pasado lunes en Herrera, aunque el ciudadano de a pie solo ha tomado nota, se equivoca el que cree que lo engañan con tecnicismos legales porque en su momento, de una u otra manera, pasará factura.
Lo que sí es seguro es que los casos de Maxi Montilla y de Ciprián Lebrón generan frustración y descreimiento.
No se cuestiona la ética de jueces ni el proceder del Ministerio Público, sino resaltamos la necesidad de apegarse a la institucionalidad porque, como sentenció el fiscal brasileño Ferreira da Silva durante una visita al país por el Caso Odebrecht: “No hay derecho penal de las personas, hay derecho penal de los hechos”.
Aunque el juez intentó explicar su sentencia de libertad pese a la objeción del Ministerio Público, sus superiores debieran actuar y dar la satisfacción que reclama la opinión pública.
Lo de sustraer al Estado miles de millones y devolver una ínfima parte para marcharse a casa como si nada, es una truculencia que la gente conoce de memoria.
Ojalá que ambos casos dejen como enseñanza que los mecanismos judiciales deben proceder y sancionar debidamente y, como dicta la norma, todo proceso se ampare en bases legales y pruebas concretas.
