No es la primera vez que se produce una advertencia, como la que ha hecho el martes el Consejo Nacional de Migración (CNM), de que se hará cumplir la regulación que establece la Ley de Migración 285-04, para las empresas y empleadores que contraten de manera ilegal mano de obra extranjera.
Pese a que como siempre se promete que habrá sanciones, no hay de otra que acoger como bueno y válido el nuevo plazo de 90 días que en sentido general se ha otorgado, sin que se dieran nombres de empresas ni la cantidad de extranjeros que laboran ilegalmente en el país.
No es que haya dudas de que ahora se esté hablando en serio, pero como señalan las propias autoridades en su declaración tras la reunión del CNM, pese a que en muchos sectores de la economía nacional se tiene conocimiento de la irregularidad, no se cumple lo que manda la ley.
Sobra insistir en el daño que produce esa mala práctica a nuestra economía y a la mano de obra local, con el consecuente impacto en los servicios públicos y en las finanzas nacionales.
Mientras esperamos para ver lo que ocurrirá al vencimiento del plazo de tres meses, las autoridades migratorias debieran ser más específicas en la parte de su resolución en la que se habla de prohibir el ingreso al país de “mujeres en estado de gestación, igual o posterior a los seis meses de embarazo”.
Imagina uno que esa decisión está pensada para parturientas haitianas que penetran al país en los meses finales de su embarazo, pero confunde su implementación porque englobaría a toda mujer en estado de gestación sin que importe su nacionalidad.
A propósito de mano de obra extranjera, tiene pendiente el Consejo Nacional de Migración el caso de más 280 mil haitianos que viven aquí de manera irregular, a los que se les otorgó un permiso temporal de trabajo. En al menos tres ocasiones el Gobierno ha extendido por un año la vigencia de los carnés de esas personas, con lo que esa situación, en lugar de solucionarse, se perpetúa.
