A través de una de las agencias creadas por la Presidencia de la República, el gobierno dio otro paso en su política de mejoría de la calidad de vida de la gente. Se trata de la entrega de títulos definitivos de propiedad a 2,022 jefes de familia del municipio de Villa Altagracia. Mil 636 corresponden a ocupantes de solares urbanos y el resto a agricultores en tierras que eran originalmente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que luego fueron transferidas al Instituto Agrario Dominicano (IAD).
El gobierno legitimó su posesión bajo el impulso de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), un programa creado por la Presidencia que tiene como soportes en unos casos al IAD, en otros al CEA, o a Bienes Nacionales.
Esa comisión existe por la voluntad del presidente Danilo Medina, en atención a su visión sobre justicia distributiva. Dicha comisión no forma parte de la Jurisdicción Inmobiliaria ni tampoco compite con ella. Es una facilitadora, una gestora ante la misma.
Pero difícilmente el propósito de titular a miles de jefes de familias, ya deben ser cerca de 20 mil beneficiarios, se cumpliría si la Comisión no actúa con el mandato y los recursos a mano.
Agotar todo el procedimiento que conlleva obtener un título de un terreno del Estado en manos de particulares es complejo y costoso. Para un pobre vecino o un marginado agricultor es sumamente complicado, por no decir imposible. Sólo el acto de transferencia de la propiedad pública a un tercero como manda la ley es un calvario.
Podrá cuestionarse que la Presidencia asuma ese rol. Pero la realidad es que la justicia social en casos como este no se cumple si no recibe un fuerte soporte. Podrá decirse también: muestra debilidades institucionales, pero el propósito social puede flexibilizar algunas formalidades. Desde ese punto de vista no exageramos si afirmamos que estamos ante una revolución por la dignificación humana.
Los beneficiarios de estos títulos quedan empoderados de la seguridad jurídica de su bien, el cual aumenta el valor y les permite el acceso al crédito formal.
Ese programa no debe limitarse a la zona rural. Debe resolver situaciones similares en el Gran Santo Domingo. Se liberaría de angustias a miles de dominicanos.
