Quizá solo bastaría para simpatizar con el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sometido al Congreso el pasado viernes por el Poder Ejecutivo, que con él se sepulta la añeja y desfasada ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento de hace 63 años.
Lo mismo puede decirse para apoyar la nueva ley que también liquidaría la no menos extemporánea, y hasta de triste recordación, Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que se viene arrastrando desde la época de Trujillo.
Pero lo que inspira la nueva ley no es precisamente el desplazamiento per se de lo que realmente es viejo, sino lo imperioso de contar con una legislación e instrumentos para ejecutarla en consonancia con la nueva realidad social y tecnológica del mundo actual.
Al margen de considerar esta ley de libertad de expresión ajustada a estos tiempos, creemos que con ella el Poder Ejecutivo recoge y refleja el amplio consenso que en un dilatado proceso involucró a múltiples sectores.
Es lo que resalta la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), en un comunicado que se publica hoy, de que hubo voluntad y se hicieron esfuerzos para que la nueva ley, que abarca a los medios audiovisuales, no fuera la expresión de intereses particulares o grupales.
“Este proyecto es el resultado de un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores de la sociedad civil, la academia, juristas especializados, periodistas y representantes de medios de comunicación”, resalta la SDD, conceptos que elCaribe comparte.
Este medio, que no estuvo ajeno a las discusiones que se efectuaron durante más de dos años para modernizar el marco legal vigente y que garantiza derechos fundamentales, suscribe lo dicho por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que la considera una pieza legislativa que, citamos: “Representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión en el país”.
Es un debate que no damos por terminado con la presentación del proyecto, por lo que esperamos que los legisladores se abran a cualquier sector o persona en condiciones de enriquecerlo o de hacer reparos.
Lo que no puede la República Dominicana es desaprovechar la oportunidad de contar con una legislación sobre la libertad de expresión y medios audiovisuales, moderna y ajustada a estos tiempos.
