Durante varias semanas las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Haití han estado muy tensas, fruto de la decisión unilateral de las autoridades haitianas de ordenar abrir un canal de riego que se alimentaría del disminuido río Masacre, en la zona fronteriza de Juana Méndez, justo al lado occidental de Dajabón, decisión que, por no haber sido consultada ni consensuada con las autoridades dominicanas, constituye una violación al artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado entre ambas naciones en fecha 20 de febrero de 1929, y donde se establece claramente que ninguna de las partes podrá desviar las aguas de los ríos transfronterizos.
Y la tension es evidente cuando, por un lado, el embajador de Haití en la República Dominicana dice, ante la prensa dominicana, que ese canal no afectará al río Masacre ni a los productores de la zona, lo que constituye un planteamiento irreal que evidencia una decisión oficial del Gobierno haitiano de continuar con esa obra de ingeniería hidráulica excavada con fines de riego agrícola en una planicie carente de agua superficial, mientras, por el otro lado, el presidente de la República Dominicana Luis Abinader dice, en una entrevista para la televisión nacional, que oficialmente se le comunicó al Gobierno de Haití que deben detener esa obra porque viola el Tratado de 1929.
Para cualquier entendido en clima, ambiente y recursos hidráulicos, era previsible que llegaría un momento en que la deforestación casi total y el cambio climático global producirían disminución del caudal de los ríos que atraviesan el territorio haitiano, y que, ante la presión social por acceso al agua escasa, Haití se vería forzado a intentar tomar por la fuerza las aguas superficiales de la región fronteriza, aun sabiendo que esa acción sería violación al Tratado de 1929, pero siendo una sociedad acosada por la carencia de agua superficial, fruto de la expansión poblacional, mayormente en extrema pobreza total, y siendo el acceso al agua un derecho humano fundamental, su única opción a considerar era iniciar la inconsulta construccion del canal, en el entendido de que solo podría ocurrir una de dos cosas: o la República Dominicana se queda indiferente por tratarse de un canal abierto del lado haitiano, donde solo Haití tiene jurisdicción, o la República Dominicana eleva una nota de protesta diplomática por la construcción del canal, pero, ante el hecho consumado del canal ejecutado, a los dominicanos solo les restaría conformarse con la satisfacción de haber protestado, mientras los haitianos, por ser los más necesitados, se quedarían con el canal conectado.
Cada declaración de cada funcionario haitiano que es autorizado para hablar públicamente sobre el canal, camina en sintonía total con una política gubernamental haitiana trazada estratégicamente para minimizar el impacto del canal sobre las aguas del empobrecido río Masacre, para negar los impactos sociales sobre los productores agrícolas de Dajabón y Manzanillo, y para ignorar deliberadamente los impactos ambientales sobre manglares de la bahía de Manzanillo, aunque esto último no es de extrañar, pues Haití nunca ha desarrollado una política oficial de protección de los recursos naturales, porque su realidad social les ha llevado a caminar en la vía de la depredación de los recursos forestales insulares, incluidos los de allá y parte de los de aquí, y sin ningún remordimiento ni arrepentimiento, pues para ellos el bosque no representa más oxígeno, ni representa más sombra y más bajas temperaturas, ni representa mayor evapotranspiración que contribuye a una mayor precipitación pluvial, ni representa mayor capacidad para atrapar dióxido de carbono que ayuda a mitigar el cambio climático, sino que para ellos el bosque solo representa una fuente de energía térmica que garantiza la cocción de sus alimentos de subsistencia, y sobre esa justificación se ha construido toda la destrucción que amenaza a ellos y a nosotros, pues para nadie es secreto que ciudadanos haitianos aprovechan la oscuridad de la noche para cruzar a territorio dominicano para talar árboles que llevan hasta sus cocinas.
De ahí que, ante la sumatoria de recientes declaraciones de funcionarios haitianos, ante el apocalipsis forestal y fluvial que vive la vecina República de Haití, y ante su gran presión social por el acceso al agua escasa, es evidente que sus autoridades y sus nacionales consideran que ya han perdido tanto que no tienen más nada que perder, y que en tal virtud tienen que proceder a jugar su carta final, que es el asalto unilateral al río Masacre, “le guste o no le guste a la RD”, tal y como fue dicho y publicado en tope de portada de la prensa nacional, palabras que han sido interpretadas por los dominicanos como un desafío intencional que busca provocar e intimidar, por lo que la República Dominicana debe prepararse para hacer valer diplomáticamente el texto del Tratado de 1929, y hacer valer la soberanía sobre nuestras aguas transfronterizas que hoy existen gracias a que el lado dominicano es el único lado insular que está reforestado y cuidado, siendo necesario recordar que una cosa es nuestra tradicional bondad y generosidad que nos lleva a compartir con la vecindad lo poco que tenemos, y otra cosa muy distinta es asumir o creer que, ante inaceptables provocaciones, no seríamos capaces de defender, lo que geográficamente nos corresponde tener.
