El buen juez por su casa empieza

La confianza es fundamental para garantizar la estabilidad y la paz social, y esta responde a las expectativas que los ciudadanos tienen con las instituciones y los actores políticos. La confianza no se exige ni se implora. Se construye con hechos y realidades. Se gana con crecimiento, estabilidad en los precios, empleos formales, educación, salud y seguridad.

Cuando los ciudadanos sienten que el Estado no atiende sus necesidades básicas, la confianza se diluye, desaparece.

Al «cartel del cambio» nadie le cree. El pueblo no come cuentos. Se les acabó el saldo de la tarjeta del cambio. La petición de más sacrificios es una afrenta para un pueblo engañado.

El pasado 22 de marzo el presidente Abinader volvió a hablar con verdades a medias, y presentó un panorama económico, fiscal y social alejado de la realidad. Sus palabras generan más dudas que certezas.
Aseguró que la República Dominicana está preparada para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. ¿Es esto verdad?

Si bien los efectos de la crisis emergen como un «choque» de oferta externo para países importadores como la República Dominicana, las opciones de política para afrontar sus efectos guardan relación con los fundamentos de la economía y la capacidad del Gobierno para sortearla.

La crisis nos encuentra en un mal momento. El año recién concluido fue de muchas sombras y pocas luces. Las malas noticias se han venido acumulando, evidencian la incapacidad del Gobierno para dinamizar la actividad económica, favorecer la creación de empleos formales, contener el aumento de los precios y la depreciación de los ingresos familiares.

La crisis de los hidrocarburos nos pilla con la desaceleración generalizada en más del 80% de los sectores de la economía. En 2025, la tasa de crecimiento interanual del producto interno bruto (PIB) fue 2.1%, tres puntos debajo de su potencial.

En materia de inflación las cosas no van mejor. 2025 cerró con un crecimiento interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) dentro del rango meta (5%), pero el incremento en el grupo de alimentos y las bebidas no alcohólicas fue de 8.2% —1.6 veces más—.

Los aumentos a los combustibles impactarán los precios del transporte y de los alimentos, y de los bienes y servicios de seis grupos que representan alrededor del 60% de la canasta, que en 2025 aumentaron por arriba del IPC general y de la meta de inflación: Alimentos y bebidas no alcohólicas (8.19%), bebidas alcohólicas y tabaco (5.11%), salud (5.10%), educación (5.83%), restaurantes y hoteles (6.52%) y otros bienes y servicios (6.2%).

El aumento de los combustibles y los fertilizantes se presenta en un contexto de inflación exacerbada que continuará debilitando el menguado ingreso de los hogares. El «cartel del cambio» no lo puede justificar por factores internacionales. Los precios han venido aumentando por su ineficiencia.

En el ámbito laboral la situación solo es buena para los amigos del Gobierno. Al cierre de 2025 el total de ocupados superó los 5.1 millones, en un entorno laboral con predominio de las ocupaciones informales (54.2% del empleo total). El empleo formal aumentó en más de 133,000 nuevos puestos de trabajo, pero parte significativa del crecimiento se explica por las posiciones creadas para los compañeros en el sector público.

Ante la crisis que ya nos golpea, el Gobierno ofrece como un gran sacrificio destinar 10 mil millones de pesos para enfrentarla, pero se calla que gastará 11 mil millones de pesos en publicidad en 2026 y se le olvida que malversó más de 15 mil millones de pesos del SeNaSa y que entregó 6 millones de tarjetas con la «brisita navideña». Tampoco dice que preparó 10 millones de raciones de comida caliente y cuando afirma que solo 2.3% de la gente pasa hambre; que asigna 1.5 millones de tarjetas para el programa Aliméntate, mientras vocea que solo el 2.1% de la población se ubica en pobreza extrema.

Solo entre 2021 y 2024 este gobierno dilapidó RD$6,263,969,311 entregando transferencias a las familias no pobres, para comprar la reelección y entre 2020 y 2025, sumando los bonos de la Brisita Navideña (RD$19,500 millones), Bono Madre y Bono a Mil (RD$9,700) el robo al SeNaSa (RD$15,000 millones), 4 años de Supérate, Bono Gas y Bono Luz ((RD$ 8,000 millones) y el pago a una empresa privada (RD$1,687 millones), el Gobierno desfalcó RD$53,887 millones de pesos para comprar la reelección de 2024 y doblegar la voluntad del pueblo.

La revisión responsable del presupuesto 2026 permitirá identificar al menos 100 mil millones de pesos corrigiendo la mala focalización de Aliméntate, Bonogás y Bonoluz, reduciendo la nómina, los super sueldos, los gastos en combustible, el pago de celulares, comidas y gastos de representación, y muchos otros gastos superfluos.

Comiencen por reconstruir la confianza y el sistema de protección social que han destruido. Si no pueden, nosotros sí sabemos hacerlo. En 2028, se van.