El consejo nacional de la magistratura

En esta última quincena el Consejo Nacional de la Magistratura ha estado en la picota pública como resultado de su decisión de no respaldar la aspiración de tres de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que esperaban ser revalidados por siete años más en sus cargos.

A esas voces críticas se ha unido esta semana la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) que en un comunicado público ha expresado: “El proceso que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar y escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia tiene un marcado componente político y que, exponer públicamente a magistrados que llevan muchos años en el cargo atenta contra la independencia de esta institución”.

En su pronunciamiento la FINJUS afirma: “El Consejo Nacional de la Magistratura no tiene la capacidad técnica necesaria para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lamentando además la forma en que fueron separados de la alta corte tres magistrados”.

Advierte la FINJUS en su declaración: “Exponer a un juez de esa alta corte atenta contra la propia independencia de la Suprema Corte de Justicia. Si el mismo órgano que evalúa es el que finalmente nombra, ahí hay un problema de independencia”.

Lo que más llama la atención en este pronunciamiento de una institución altamente capacitada y especializada en materia judicial como la FINJUS es su queja respecto a la politización del Consejo Nacional de la Magistratura.

Es obvio que este órgano del Estado es eminentemente una instancia política, y para llegar a esta conclusión solo habría que observar quiénes son sus componentes. En una primera etapa contaba con siete integrantes de los cuales cinco eran políticos (el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador de un partido opositor al del Gobierno y un diputado de un partido opositor al Gobierno), a los cuales se sumaban el presidente y un juez de la Suprema Corte de Justicia.

Más adelante se incluyó entre sus miembros al procurador general de la República, otro cargo político, con lo cual pasaron a ser seis los miembros políticos del Consejo Nacional de la Magistratura, y en el presente el procurador ha sido reemplazado por el presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual se redujo a cinco el número de sus miembros provenientes de partidos políticos.

Ahora bien, esta composición mayoritariamente política del Consejo Nacional de la Magistratura no debería extrañar. Son muchos los países, por no decir su generalidad, en que la selección y designación de los jueces descansa en el poder político que sustenta la democracia.

En los Estados Unidos, es su presidente que designa vitaliciamente los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, y todos hemos leído en la prensa cómo en su integración hay jueces a quienes se identifican como conservadores y a otros como progresistas.

En España los jueces del Tribunal Supremo de Justicia son seleccionados por el Consejo General del Poder Judicial que los propone al Rey para su nombramiento. Este Consejo está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, doce vocales que son jueces elegidos por sus pares y ocho vocales de reconocido prestigio escogidos por los miembros del Congreso de los Diputados, con lo cual se produce la consiguiente influencia política, que provoca igualmente que hasta la prensa identifique a los jueces como conservadores o progresistas.

En Francia la selección de los jueces de la Corte de Casación es competencia del Consejo Superior de la Magistratura, que está integrado por el primer presidente de la Corte de Casación, el procurador general de la Corte de Casación, seis magistrados jueces elegidos por sus pares, un abogado elegido por el Colegio de Abogados y seis personalidades escogidas, una por el presidente de la República, una por el presidente de la Asamblea Nacional, una por el presidente del Senado y tres por el ministro de Justicia. Una vez más, el marcado sesgo político de que se queja Finjus en el país.

La enfermedad no está en la sábana, como se dice popularmente, sino en la integridad de los que componen el órgano constitucional encargado de seleccionar a los jueces y en la capacidad y honestidad de los seleccionados. Dos ejemplos me bastarían para avalar esta afirmación. Jorge Subero Isa ha sido uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia, y provenía de un litoral político que no se correspondía al de Leonel Fernández, que en esos momentos era el presidente de la República. Por igual, Milton Ray Guevara fue un excelente presidente del Tribunal Constitucional y pertenecía a un partido político distinto al del expresidente Leonel Fernández.

En lo que sí estamos de acuerdo con FINJUS es en la evaluación. Es reprochable someter a servidores judiciales que han probado su capacidad a una evaluación que obviamente estará condicionada por otros intereses y es en este aspecto, y no en el plano político, donde tiene que situarse el debate. De ello hablaremos en otra entrega.