El COVID-19 y el sistema penitenciario criollo

Ciudadanos somos todos los que cumplidas las exigencias de ley, asumimos la dominicanidad como nacionalidad, con sus privilegios y obligaciones, tal como la Constitución, como Carta Magna, establece. Los privados de libertad, los “presos” con cualquier epíteto que se designen, no se sustraen a esos derechos. Esto, a propósito de las situaciones creadas por el coronavirus y su enfermedad consecuente, el COVID-19 en los recintos carcelarios. El “preso no’e gente” concibe la cultura criolla y en esta situación de emergencia sanitaria, los llamados a tomar decisiones de emergencia no parecen tener claro el camino a seguir con la infinidad de presos preventivos, que por eneficacia del sistema de justicia, esperan juicios que se hacen infinitos.
Somos testigos de procesos que alcanzan 3 años casi y medio, con implicados de dudosa culpabilidad ante “pruebas” muy débiles, que afrontan penas sin estar condenados, que pudieran convertirse en “penas de muerte”. ¿Esperamos inmóviles mientras el virus arropa? La mayoría de las cárceles del viejo sistema penitenciario adolecen de infinidad de situaciones que hacen muy riesgosa la convivencia. La mayoría sufre una malsana sobrepoblación que en este caso de emergencia sanitaria, bien pudiera convertirse en trampas mortales. Cierto es que ha habido acertadas medidas de aislamiento frente a las visitas y al suministro de comida cocida, permitiendo el paso de comida cruda, para ser procesada en el interior de los recintos. ¿Es suficiente? Nos preguntamos: ¿porqué los escurridizos responsables de la Procuraduría no consideran el retiro a sus casas de esos presos preventivos a los que el propio sistema niega variación de las medidas de coerción, aún con garantías que exceden las requeridas en casos sonoros de corrupción? Conocemos lo que la ley consigna pero los propios “hacedores” de esas leyes, jamás imaginaron las amenazas que una pandemia implica para el sistema penitenciario. Es tiempo de asumir posiciones responsables, valientes y decididas, a la altura de las circunstancias, del enorme riesgo que implica personas encerradas en cuestionables condiciones. Hay que flexibilizar las rigideces de liberación de acusados, que sin sustraerse de sus responsabilidades penales, puedan esperar en sus casas, la normalización del sistema, aunque sea un sistema basado en el miedo: a la prensa y al juicio popular de culpabilidad invariable; a perder el cheque que ampara empleos de fiscales y jueces; a perder la visa americana por la intromisión descarnada desde agencias extranjeras y la interpretación que hacen las llamadas autoridades de esos intereses foráneos. Otros países se han adelantado al riesgo de una masiva mortandad de encerrados, descongestionando cárceles. ¿Por qué aquí no? La responsabilidad recae sobre los tibios incapaces de atreverse y de políticos cuyas influencias pueblerinas gravitan de manera malsana en el establecimiento de culpabilidades e inocencias.