El diálogo social vapuleado

Corría el mes de marzo de 1985 cuando en el entonces poblado de Jarabacoa la alta jerarquía de la Iglesia Católica, y específicamente monseñor Agripino Núñez Collado convocaba a empresarios, centrales sindicales y gobierno con el objetivo de sostener un diálogo social que condujera a una concertación entre los interlocutores sociales.

Con la esperanza de lograr el éxito que se intentaba, a propuesta de Ramón García Gómez y de quien esto escribe, profesores en la PUCMM, monseñor Núñez Collado invitó al cónclave a tres eminentes laboralistas de Iberoamérica para tratar de convencer a los participantes de la necesidad del diálogo y arribar a un acuerdo posterior.

Los tiempos turbulentos que se vivían en el mercado laboral así lo demandaban. Las huelgas de los trabajadores se sucedían con frecuencia en reclamo de mejores condiciones de trabajo, varias de ellas acompañadas con ocupación de la fábrica, sabotajes a la producción y piquetes; las listas negras circulaban entre las empresas para denunciar a los sindicalistas y evitar que fueran contratados, y en los recintos de las empresas eran discriminados y hasta perseguidos por los empleadores; los conflictos colectivos se sucedían y fracasaba estrepitosamente la mediación de las autoridades del trabajo.

Aquella reunión de Jarabacoa mostró los signos evidentes de la crispación. Los dirigentes sindicales levantaron la voz para denunciar la explotación y las prácticas antisindicales a que eran sometidos. Su verbo fue tan encendido que el principal dirigente empresarial de la época llegó a afirmar que de haber sabido a lo que se exponía hubiera asistido acompañado de la Primera Brigada del Ejército.

Los tres días del encuentro finalizaron sin acuerdo alguno, pero con un ambiente más distendido y el compromiso de continuar el diálogo. Hubo reuniones posteriores y en 1990 se logró un primer acuerdo, por el cual se mejoraba el viejo Seguro Social. Dos años más tarde, una vez más con la mediación de monseñor Núñez Collado se aprobaba un nuevo Código de Trabajo, que reemplazaba al viejo de 1951.

Ese Código de 1992 fue calificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una legislación modélica: primero, por ser fruto del diálogo social; segundo, por sus normas protectoras en beneficio de los trabajadores; y tercero, por la concisión, precisión y coherencia del conjunto de sus normas.

El sector empleador ha demandado modernizar y actualizar las normas de 1992, y hace dos años solicitó y obtuvo del Ministerio de Trabajo la convocatoria de un diálogo tripartito que culminó con un acuerdo refrendado por las autoridades. Acuerdo que, obviamente, no satisfizo ni aquellos ni a los trabajadores. Como siempre, en una materia de intereses antinómicos, los primeros buscaban una mayor flexibilidad en las normas y los segundos una mejoría en sus derechos.

El resultado de ese diálogo supone la palabra empeñada de los interlocutores sociales, la cual no solo debe ser respetada, sino también promovida ante los legisladores, senadores y diputados, que en la actualidad conocen el proyecto de ley que recogió el acuerdo.

Lamentablemente, no ha sucedido así. Desde que el Poder Ejecutivo introdujo el proyecto ante el Congreso Nacional, a nivel del Senado, el sector empresarial se ha obstinado en reclamar que se modifique la figura jurídica del auxilio de cesantía, a conciencia de que en este aspecto no hubo un acuerdo en el diálogo entre las partes. Y luego va más lejos y reclama a los senadores un conjunto de cambios que no fueron aprobados en el diálogo social.

Naturalmente, las organizaciones sindicales pusieron el grito al cielo y amenazaron con movilizaciones si los señores senadores le alteraban, aunque fuera una coma, al auxilio de cesantía.

Ante el temor de que su conducta pudiera alterar la paz social, los senadores se abstuvieron de modificar, pero ni cortos ni perezosos, y a sabiendas de que esta era la más importante reivindicación de los trabajadores, sigilosamente complacieron a los empresarios en varios de sus reclamos, que por cierto habían sido rechazados en el diálogo social.

Así, por ejemplo, el plazo de cuarenta y ocho horas que tiene el empleador para notificar concomitantemente el despido al trabajador y al Ministerio de Trabajo lo convirtieron en dos plazos, uno para notificarle el despido al trabajador y otro, en los cinco días siguientes al Ministerio de Trabajo, pero se les olvidó fijar la duración del plazo para notificar al trabajador.

De igual modo, en el disfrute de las vacaciones los señores senadores incluyeron un párrafo que permite a las partes pagar el salario con posterioridad a la terminación del período de las vacaciones, lo que también había sido rechazado en el diálogo social.

Solo dos ejemplos de cambios pedidos por el empresariado y rechazados en el diálogo por los trabajadores, pero acogidos por los senadores, a petición de los primeros.

Ahora visitan la Cámara de Diputados para reclamar nuevos cambios al margen de lo consensuado, y antes tales resultados, uno se pregunta: ¿y diálogo social para qué? ¿Volveremos a la crispación anterior al 1992?