El Gobierno debe salir de compras

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Tome las ventas declaradas por las empresas a la DGII cuando entregan el formulario IT-1 que sustenta la liquidación y pago del Itbis. Construya la serie anual para el período 2007-2020 y luego convierta los pesos corrientes (nominales) en valores constantes (reales) utilizando el deflactor del PIB que publica el Banco Central. A partir de ahí calcule la tasa de crecimiento anual de las ventas reales, una variable que en muchos países tiende a reflejar el comportamiento del índice de actividad económica o del crecimiento real del PIB. En el 2020, la pandemia del covid-19 y las políticas de confinamiento globales y locales, provocaron una caída de 12.2% en las ventas reales.

Algunos funcionarios del gobierno tenían la esperanza de que la recuperación gradual del turismo, el sector más afectado por la pandemia, comenzaría a final del 2020 y se aceleraría a mediados del 2021. Lamentablemente, todo apunta a que las perspectivas de recuperación durante el primer semestre del 2021 se han esfumado, en la medida en que la mayoría de los gobiernos del mundo desarrollado reintroducen medidas de confinamiento e imponen restricciones al ingreso y la salida de pasajeros para moderar la propagación del covid-19 en su segunda oleada.

El Gobierno del presidente Luis Abinader ha realizado varios anuncios importantes que contribuirían a acelerar el crecimiento económico en el 2021, a pesar del retraso que posiblemente observaremos en la recuperación del sector turismo. Nos referimos a la construcción de la Autopista del Ámbar, la modernización y ampliación del Puerto de Manzanillo, la ejecución de los proyectos de infraestructura básica necesaria para el desarrollo turístico de Pedernales, y la puesta en marcha del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz que proyecta construir 11,000 viviendas en el 2021 y 17,000 en cada uno de los años 2022-2024, para un total de 62,000 viviendas.

Todos estos proyectos requieren que el gobierno compre bienes y servicios, en cantidades como las que requiere la economía dominicana para complementar la reducida demanda efectiva que ha provocado la pandemia. En un artículo que publicamos en elCaribe hace tres meses, señalamos que la magnitud de la contracción de la demanda que estábamos evidenciando requería que el Congreso Nacional confiriese al Poder Ejecutivo, todos los poderes y autorizaciones que necesite para movilizar con rapidez y flexibilidad el flanco fiscal. Teníamos y seguimos teniendo la percepción de que el marco legal existente limita el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para hacer frente a la depresión económica que enfrentamos. El gobierno tiene necesidad urgente de invertir en obras de infraestructura física que provoquen un boom en el sector de la construcción capaz de compensar la insuficiencia de demanda efectiva inducida por la menor demanda de nuestros servicios de turismo.

Debemos reiterar que la declaratoria del Estado de Emergencia que estipula el artículo 265 enmarcado en el Título XIII de los Estados de Excepción que habilita la Constitución de la República, no ofrece al Poder Ejecutivo los grados de libertad que este necesita para estimular la economía a través de un ambicioso programa de inversiones públicas en proyectos que impacten positivamente a otros sectores económicos. Recordemos que el numeral 4 del artículo 266 establece que los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y demás servidores del Estado. Una de las leyes que debemos cumplir es la 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Esa ley es incompatible con las acciones públicas que deben ejecutarse con urgencia, en situaciones anormales y excepcionales, para que las economías puedan sobrepasar y dejar atrás los efectos negativos de perturbaciones transitorias, como las que enfrenta actualmente nuestra nación. Un terremoto que destruya los cinco puentes que unen la capital con Santo Domingo Este podría dejar incomunicadas a las dos geografías durante más de un año en lo que se licita y seleccionan a los contratistas y estos concluyen la reconstrucción. Recordemos que la Ley 340-06 no permite la contratación directa (grado a grado) que son necesarias en situaciones de catástrofe nacional.

La mejor demostración de la insensatez de la Ley 340-06 la dio el propio Congreso cuando la semana pasada aprobó su modificación, específicamente, en el numeral cinco, para establecer que quedan exentos de las disposiciones de esa ley “la compra de vacunas en caso de pandemia, peligro de epidemia o epidemia declarada, para su tratamiento y erradicación, en el marco de un estado de excepción en su modalidad de estado de emergencia.” Al facilitar la compra de vacunas, el Congreso y el Poder Ejecutivo conformaron una alianza para salvar vidas.
Una alianza similar es necesaria para salvar empleos. El Poder Ejecutivo necesita que el Legislativo facilite el proceso de contratación de obras de infraestructura física en estos tiempos en que la pandemia ha erosionado la demanda efectiva de bienes y servicios. Estamos frente a situaciones anormales y dramáticas.
Frente a ellas, debemos dotar al Poder Ejecutivo de flexibilidad para actuar con toda la urgencia que amerita la crisis. Los proyectos de infraestructura física que ha anunciado el gobierno, con suerte comenzarían a ejecutarse a finales del 2021 si los forzamos a cumplir con todos los procesos que establecen tanto la Ley 340-06 como la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.

¿Cuántas firmas especializadas en la construcción de autopistas entre montañas tiene el país? ¿Tres, cuatro, cinco? Ante la crisis, ¿no sería sensato invitarlas a conformar un consorcio para ejecutar, por ejemplo, la construcción de la Autopista del Ámbar? ¿Que la quieren hacer bajo el esquema de alianzas público-privadas? No habría problemas. El gobierno podría arrancar con la obra desembolsando su aporte de capital (“equity”) en lo que la Dirección General de Alianzas Público Privadas arma la estructura e invita al sector privado a participar, entre los cuales posiblemente estarían algunos o todos los contratistas de la obra.
Si algo tiene el Gobierno en estos momentos es una caja repleta de dinero, gracias a las exitosas colocaciones de bonos globales y locales que ha realizado en los últimos meses. Las reservas netas en el Banco Central, con el ingreso de la última colocación, sobrepasan los US$12,800 millones. Partiendo de un presupuesto cercano del proyecto de la Autopista del Ámbar en la vecindad de US$400 millones y una relación deuda/capital de 60/40, el Gobierno podría realizar su aporte de capital de US$80 millones para que los contratistas inicien de inmediato la construcción de esta trascendental obra de infraestructura vial.

Acciones similares deberían realizarse en el caso de Manzanillo, Pedernales y el ambicioso Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. Para motorizar el sector de la construcción, el cual se contrajo en un 17% en el 2020, debemos otorgar grados de libertad que el Poder Ejecutivo hoy no tiene. Esa sería una cumbre de gran trascendencia para el país. El presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y un representante de cada uno de los partidos de oposición que hayan obtenido más de 5% en las pasadas elecciones, reunidos para pactar, con carácter de urgencia, una modificación de la Ley 340-06 que autorice la contratación directa, sin necesidad de licitación, en situaciones de emergencia económica que requieran la actuación urgente y decidida del Gobierno, para moderar o evitar las repercusiones negativas que acarrean las depresiones económicas. La modalidad de contratación directa tendría vigencia únicamente durante el período de 6 a 12 meses que resulte necesario para allanar el camino al aumento del gasto en inversiones públicas que reclama la depresión económica. La ventana de contratación directa entraría en vigencia en situaciones de caídas de 3% o más en el PIB real anualizado.

El Gobierno tiene que salir de compras. Estoy seguro que si a Keynes le diésemos a leer la 340-06, parafraseando al jurista alemán prusiano Ferdinand Lasalle, nos habría respondido que en situaciones dramáticas como la que enfrenta el pueblo dominicano en estos momentos, “la ley 340-06 es un pedazo de papel”.

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