El mito en la política

El ejercicio de la política, esa que se desarrolla en la plaza pública, en los medios de comunicación y en las redes sociales se nutre muchas veces de sofismas, de verdades a medias, de distorsión de la realidad.

Se toma un hecho que ha sucedido en la realidad y se le acomoda a la narrativa que se busca difundir, generalmente con fines de lesionar la imagen del rival. Basta una frase, una simplificación, y lo acontecido se presenta como un hecho negativo cuya autoría se atribuye al adversario que se busca desacreditar.

La denuncia se reitera sin cesar, cargada de emoción y enfado, sin una llamada a la reflexión, como simple propaganda, con la intención de que de tanto repetirse termine siendo acogida como una verdad absoluta en el mundo de la política.

¡Leonel vendió las empresas del Estado!, se oye decir, y pretendidos analistas en los medios de comunicación lo difunden, unos por ignorancia, y otros porque conscientes de que la afirmación no es cierta, intentan dañar la imagen de quien avizoran como un contendiente a vencer en las próximas elecciones generales.

A quien sostiene que Leonel vendió las empresas del Estado habría que preguntarle cuáles son las pruebas de sus denuncias. ¿Cuáles empresas vendió?; ¿a qué consorcio traspasó la propiedad, en qué fecha se produjo la cesión?

Desde luego que no podrá responder porque una venta implica ceder la propiedad, que pasa a manos del comprador, lo que no sucedió con ninguna de las empresas del Estado. Como lo ha aclarado en múltiples ocasiones el propio Leonel Fernández, su gobierno de 1996 puso en ejecución un proceso de capitalización de empresas estatales deficitarias, lo que significaba que el Estado mantenía el cincuenta por ciento por lo menos de la propiedad, pero buscaba inversionistas que aportaran capital fresco para salvar a estas empresas de la quiebra y poder relanzarlas en el mercado.

Capitalizar no es vender. En la primera el Estado continúa siendo parcialmente propietario y seguirá recibiendo beneficios; en la segunda, el Estado se desprende totalmente de su propiedad.

Los que insisten en confundir estas dos figuras jurídicas saben perfectamente que están mintiendo, y lo saben porque con su narrativa tratan de desprestigiar el legado positivo de los gobiernos de Leonel Fernández.

Luego de treinta y seis años del ajusticiamiento del Tirano, el emporio del Estado había entrado en una fase de deterioro total. Un 35% de estas empresas ya habían cerrado y la mayor parte del resto estaban quebradas y necesitadas de subsidios permanentes del Estado para poder sobrevivir.

Basta recordar que, para 1996 Atlas Comercial, Tecnometal, Planta de Recauchados, Chocolatera Industrial, Caribbean Motors, Licorera La Altagracia, Distribuidora de Sal, Compañía Dominicana de Aviación, Dominican Motors y Quisqueya Motors estaban cerradas

Empresas emblemáticas como la Fábrica Dominicana de Cemento, Fábrica de Aceites Vegetales Ámbar, Fábrica de Clavos y Alambres de Púas Enriquillo, Fábrica de Sacos y Cordelería, Pinturas Dominicana y Molinos Dominicanos se encontraban en un estado de total deterioro.

En efecto, para 1996, la Fábrica Dominicana de Cemento, Clavos y Alambres de Púas Enriquillo y Sacos y Cordelerías estaban sin operaciones, y Molinos Dominicanos con tan graves dificultades que para el mes de diciembre de cada año la prensa se preguntaba si habría teleras para las fiestas de Navidad. Ni teleras ya podía elaborar.

La mejor demostración de que no hubo venta de las empresas del Estado es que los terrenos sobre los que ellas se levantaban aun hoy permanecen en manos del Estado.

Así vemos que en los terrenos donde se ubicaba la Fábrica de Clavos y Alambres de Pua Enriquillo sirvió al Instituto Nacional de la Vivienda para levantar un proyecto residencial y comercial; en los pertenecientes a la Fábrica de Sacos y Cordelería se construyeron las instalaciones que hoy albergan las dependencias del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani); los de la fábrica Dominicana de Cemento alojan actualmente el Centro de Operaciones del Metro de Santo Domingo; donde funcionaba Pinturas Dominicana (Pidoca) se construyó el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este; y los de la Textil Los Minas han servido para construir hoy el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo.

Es evidente que el patrimonio del Estado no fue privatizado. Al contrario, un patrimonio vandalizado durante más de treinta años fue tratado de recuperar, como se logró con la capitalización de Molinos Dominicanos, que hoy funciona a plenitud como una empresa de capital mixto o como el ingenio Barahona arrendado a una empresa que todavía hoy lo administra exitosamente.

Y en aquellos casos que no se pudo lograr, los terrenos pertenecientes al Estado fueron preservados y hoy sirven para alojar y dar servicio a entidades oficiales autónomas.

La cacareada venta es solo un mito para ocultar la verdad de un patrimonio que cuando llegó Leonel al poder en 1996 estaba vandalizado y que gracias a su política pudo ser rescatado para continuar prestando servicio al país por otros medios.