Ha transcurrido más de un mes del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Sin embargo, la investigación sigue sin despejar las incógnitas básicas acerca del asesinato del presidente Moïse por lo que la investigación va perdiendo credibilidad. Recientemente, Martine Moïse ha planteado que la única forma de lograr una investigación creíble y efectiva es si es internacional y dirigida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El regreso a la normalidad en Haití ha resultado difícil ya que incluso antes de la muerte del presidente Moïse, el país estaba acorralado por la pobreza extrema, la ausencia de servicios básicos, la inestabilidad política y la violencia desatada por las pandillas.
Haití es el país más pobre de todo el hemisferio occidental; por volumen de PIB es la economía número 129 de 192 Estados. Según el Banco Mundial el 60 % de su población vive en pobreza, con un ingreso de menos de dos dólares diarios y el 25 % con menos de un dólar al día.
En la clasificación del Doing Business sobre las facilidades que ofrecen los países para hacer negocios, Haití está en el puesto número 182 de 190. Esto se refleja en la caída del 70 % que ha tenido la inversión extranjera directa de 2018 a 2020, disminuyendo de 105 millones de dólares a 30 millones.
La ONU establece que alrededor de 4 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria, más de un tercio de la población carece de acceso a agua potable y la mitad de los haitianos de 15 años o más son analfabetos.
Este preocupante panorama socioeconómico se agrava más por el impacto de la violencia interna provocado por las pandillas que han tomado el control efectivo del territorio haitiano y han desatado unas olas de violencia y secuestros.
El impacto de la violencia
La violencia de las pandillas es alarmante, la Unicef estima que han obligado a ocho mil quinientas mujeres, niños, niñas y adolecentes a huir de sus hogares. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las bandas armadas han provocado el desplazamiento interno de al menos diecisiete mil personas.
Las hordas criminales no han tenido límites, sus objetivos han incluido: hospitales, iglesias, escuelas, comercios y organismos de ayuda humanitaria. La violencia está afectando la vida cotidiana en todo el país, paralizando la frágil economía ante el temor de los comercios de ser saqueados o de que sus empleados sean asesinados o secuestrados.
Esta situación ha empeorado al trasladarse el epicentro de la violencia de las pandillas a Martissant, que es una comunidad en el sur de Puerto Príncipe, que su principal carretera conecta la capital con el sur de Haití, por consiguiente, se ha afectado una de las principales arterias comerciales. El temor de que los conductores de los camiones sean víctimas de la violencia ha paralizado el intercambio comercial entre el sur del país y la capital.
En consecuencia, se han elevado los precios, se ha retrasado el transporte de alimentos y combustibles, la ONU y las organizaciones de ayuda humanitaria han tenido que interrumpir sus programas de asistencia. De conformidad con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, más de un millón de personas que se benefician de estos programas se han visto afectadas por la parálisis.
Desde el mes de junio, la Organización de Médicos sin Fronteras, que realiza un trabajo esencial en el contexto de la crisis sanitaria de la covid-19, tuvo que cerrar su hospital en Martissant tras sufrir un ataque armado en sus instalaciones.
Igualmente, la inseguridad en Haití ha provocado el cierre de las escuelas. La Unicef ha informado que durante el año escolar 2019-2020, alrededor del 60 % de todas las escuelas haitianas tuvieron que cerrar durante 60 días debido a la violencia y disturbios sociales.
En definitiva, la violencia está debilitando, aún más, la frágil capacidad institucional del Estado haitiano de proveer bienes y servicios básicos a su población. En consecuencia, está empeorando el trágico panorama socioeconómico que ya padecía el pueblo haitiano e intensificando un nuevo fatídico ciclo de inestabilidad e ingobernabilidad.
Ante esta dramática situación: ¿Cuánto más tardará la comunidad internacional en intervenir con una misión de estabilización de paz bajo el capitulo VII de la carta de la ONU que pueda ofrecerle el apoyo necesario para Haití recuperar el orden e iniciar un ciclo de estabilidad política y desarrollo económico? Esperemos que sea antes de que Haití complete su transformación en la Somalia de las Américas.
La diplomacia dominicana, los organismos de seguridad nacional, el empresariado, la sociedad civil, academias, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos, debemos unir fuerzas para sensibilizar y movilizar a la acción la comunidad internacional ya que, de lo contrario, el colapso del Estado haitiano podría terminar arrastrando al abismo a la isla española completa.
