El Estado de bienestar no es simplemente un modelo económico, sino un proyecto político y normativo basado en la idea de que el Estado tiene la responsabilidad activa de garantizar niveles mínimos de bienestar para todos sus ciudadanos, mediante la provisión de bienes y servicios públicos como salud, educación, pensiones, vivienda y protección contra el desempleo. Este modelo se fundamenta en principios como universalidad, solidaridad, redistribución y justicia social. Pero su viabilidad y legitimidad dependen de un elemento clave: la confianza pública en que los recursos colectivamente recaudados son correctamente gestionados y efectivamente distribuidos en el bienestar común.
En ese contexto, la Cámara de Cuentas cumple una función esencial, pues representa la garantía institucional de que el gasto público es conducido con responsabilidad, transparencia y eficiencia. Si el Estado recauda impuestos para financiar políticas universales, entonces la ciudadanía tiene el derecho y el deber de saber cómo se usan esos recursos. El control externo del gasto no solo evita la corrupción, sino que también protege la integridad del propio pacto social que sostiene al Estado de bienestar.
Dicho de otro modo: el control fiscal se convierte en una herramienta de justicia distributiva. Si una política pública falla, si el presupuesto destinado a salud no llega a los hospitales, si el subsidio educativo se diluye en intermediarios, no solo hay una ineficiencia administrativa, sino una vulneración directa de derechos. La Cámara de Cuentas, al auditar ese proceso, defiende al ciudadano frente a la opacidad, la negligencia y el abuso, y, por tanto, se convierte en un actor de protección social.
Esto adquiere aún más sentido en democracias latinoamericanas donde, a pesar del discurso redistributivo, los aparatos estatales son frecuentemente capturados por intereses privados o partidarios. En esos contextos, la Cámara de Cuentas puede ser un freno institucional contra la distorsión del gasto público y un aliado técnico para quienes defienden un modelo de desarrollo con equidad.
Al mismo tiempo, el Estado de bienestar requiere legitimidad sostenida, y esta se construye con base en instituciones que actúen con independencia, profesionalismo y sentido de lo público. La ciudadanía está cada vez más vigilante y las instituciones de control no pueden limitarse a la pasividad burocrática. Deben ser órganos vivos, capaces de auditar, de alertar, de proponer correctivos y de elevar la calidad de la democracia social.
En las democracias contemporáneas, marcadas por la desafección ciudadana, la desconfianza en las instituciones y el avance de discursos autoritarios, el papel de los órganos de control adquiere una dimensión que va más allá de la mera fiscalización técnica. La Cámara de Cuentas —o sus equivalentes en otros países, como los tribunales de cuentas o contralorías generales— no es simplemente un ente administrativo: es una institución republicana con rol constitucional, social y democrático.
En términos constitucionales, muchas cámaras de cuentas son concebidas como órganos extrapoder, independientes, dotados de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Su función principal es controlar la legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Este mandato no solo está vinculado al principio de legalidad, sino también al principio de soberanía popular, en tanto el gasto público debe responder al interés general. En el caso de la República Dominicana, la Constitución en sus artículos 248 al 251 establece claramente estas competencias, ligándolas al compromiso de garantizar el buen uso de los fondos públicos y la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.
Es una institución superior de control que deriva su legitimidad directamente de la Constitución. Su mandato emana del principio republicano de rendición de cuentas, lo que la vincula directamente con el principio democrático.
Sin embargo, en el siglo XXI, este mandato debe ser ampliado a un rol social transformador. No basta con revisar cifras o emitir informes técnicos; se requiere que la Cámara de Cuentas evalúe el impacto real de las políticas públicas sobre la vida de las personas. Esto significa auditar no sólo si se ejecutaron los fondos correctamente, sino si las políticas de salud, educación, vivienda, protección social o infraestructura están cumpliendo con su función de mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades y garantizar derechos. En contextos donde el gasto social representa una herramienta clave para combatir la pobreza y la exclusión, el valor democrático del control externo es también un valor social.
Hoy se le exige un rol más amplio: evaluar el impacto social de las políticas públicas. Esto incluye auditar programas sociales, subsidios, políticas ambientales, equidad de género, salud y educación con criterios de eficacia y justicia social.
Existen ejemplos en América Latina que ilustran este rol social de forma contundente. El Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil, por ejemplo, jugó un papel fundamental al detectar irregularidades masivas en compras públicas durante la pandemia de COVID-19, lo que permitió evitar pérdidas millonarias y mitigar la corrupción en momentos críticos. En Chile, la Contraloría General de la República ha intervenido activamente en fiscalizaciones a municipalidades, empresas del Estado y procesos de evaluación ambiental, lo que le ha permitido posicionarse como un órgano técnico, pero con fuerte legitimidad social. En la República Dominicana, los informes recientes de la Cámara de Cuentas han puesto en evidencia una larga lista de irregularidades en instituciones estatales, lo que ha generado procesos judiciales, reformas administrativas e incluso movilización ciudadana.
Todo ello muestra que la función de estos órganos no es neutral ni apolítica: el modo en que se ejerce el control público tiene implicaciones directas sobre el equilibrio democrático, el uso del poder y la redistribución del gasto. Para que esta función sea legítima, deben regirse por principios fundamentales: independencia institucional, transparencia, objetividad técnica con sentido social y accesibilidad ciudadana. Estos principios permiten que la ciudadanía comprenda, se apropie y se movilice en torno a los resultados del control externo.
Objetividad técnica con sentido social: los datos no son neutrales; deben leerse en función del bienestar colectivo.
Accesibilidad ciudadana: sus informes deben ser públicos, comprensibles y relevantes para el debate público.
Otro elemento fundamental del rol social de la Cámara de Cuentas es su interacción con otros actores del sistema democrático. Por un lado, sus informes alimentan el trabajo de fiscalización del Poder Legislativo, sirven de insumos para investigaciones del Ministerio Público y permiten a la sociedad civil ejercer presión informada sobre el uso de los recursos públicos. Por otro lado, si estos informes son comunicados en lenguaje claro y publicados de forma accesible, pueden tener un efecto pedagógico clave: contribuir a la formación de una cultura ciudadana basada en la exigencia del buen gobierno y la vigilancia activa del poder.
Muchas instituciones han comenzado a usar big data, auditoría ambiental, evaluaciones participativas y plataformas digitales para aumentar su impacto social. Ejemplo de ello es el “Observatorio de Gasto Público” en Argentina o los “Paneles Ciudadanos” en Canadá que interactúan con informes de auditoría.
En democracias contemporáneas atravesadas por desconfianza y populismos, la Cámara de Cuentas puede ser una fuente de verdad pública frente a la manipulación o el clientelismo. No obstante, los desafíos son múltiples. Muchas cámaras de cuentas en América Latina han sido objeto de cooptación política, debilitamiento institucional o falta de profesionalización, lo cual les resta legitimidad. En otros casos, han sido utilizadas como instrumentos de persecución política, socavando su credibilidad y su aporte democrático. Frente a esto, el fortalecimiento técnico, la selección meritocrática de sus miembros, la protección de su autonomía y la rendición de cuentas internas son condiciones mínimas para garantizar su verdadero impacto social.
Instrumentalización política: peligro de convertirse en brazo de persecución selectiva.
Captura institucional: cuando el órgano responde más a cuotas partidarias que al mandato constitucional.
Desprestigio técnico: cuando se carece de independencia, recursos o profesionalismo.
En un momento donde las democracias enfrentan amenazas reales -ya sea por autoritarismos emergentes, el desgaste de la institucionalidad o la instrumentalización del Estado-, la Cámara de Cuentas debe presentarse como una institución de verdad pública, capaz de verificar con independencia qué se hace con los recursos que pertenecen al pueblo. No se trata solo de controlar cifras, sino de defender los derechos, el interés general y la dignidad de las personas a través del control del poder.
Hoy, en tiempos de polarización, descrédito institucional y regresión democrática, defender el rol social de las cámaras de cuentas no es solo un asunto técnico: es un acto político y ético en defensa del interés general.
En definitiva, el rol social de una Cámara de Cuentas en la democracia contemporánea es el de vigilar no solo que el gasto sea legal, sino que sea justo. Que no se pierda y no se malgaste, sino que cumpla su función de transformar realidades, cerrar brechas y garantizar que el Estado sirva realmente a la sociedad. Ese es su compromiso constitucional, democrático y ético.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.
