Al presidente Abinader le ha tocado gobernar en el momento más difícil que vive la humanidad. Llega en medio de una pandemia y los efectos y consecuencias mundiales de la misma en la economía global, que, según las previsiones de organismos internacionales, como el Banco Mundial, se reduciría un 5,2% al 2020, que, de acuerdo al informe Perspectivas Económicas Mundiales, edición de junio de ese año, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. La disminución prevista en los ingresos per cápita, de un 3,6%, llevará millones de personas a la pobreza extrema cada año.
Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas a nivel global, la pandemia del Covid-19 asestó un duro golpe sobre la evolución de la economía en todo el mundo, con impacto en todos los sectores productivos.
En el caso de Republica Dominicana, es evidente el sacrificio, la dedicación y la entrega que ha mostrado el Presidente para afrontar estos grandes retos, con una responsabilidad que no debe ser exclusiva de Luis Abinader como gobernante de turno, debiera ser de todo buen dominicano. He tenido preocupación por la dinámica que lleva este joven gobernante. En ocasiones le he visto comer a deshora o no comer, trabajando hasta altas horas de la noche, sin límites, dormir poco o no dormir, lo que ha constituido también una preocupación de familiares y amigos cercanos por los riesgos a los que somete su salud.
Dar respuestas a las demandas sociales, económicas y políticas del momento, no depende de su capacidad, de su entrega ni es un tema de mal manejo de la cosa pública. Frente a esta coyuntura que hemos descrito se requiere de la integración de todos los sectores de la sociedad a la búsqueda de soluciones más allá de las diferencias políticas, ideológicas, étnicas o religiosas, hay que poner la nación por encima de todo esto. Y, ahora se suma el conflicto occidente, Europa, Rusia y Ucrania.
En este contexto, global y particular, el subsidio del combustible a los empresarios y choferes del transporte público, representa un sacrificio fiscal para el Estado dominicano. Mantener tranquilos a los sindicatos del transporte público le cuesta al Gobierno más de $3,450 millones anuales, unos 76,450,000 galones de combustible a la cúpula empresarial choferil que les entrega por concepto de subsidio al combustible que mueve los autobuses, minibuses y conchos.
Con el subsidio se evita que 12 confederaciones, federaciones y centrales de choferes creen disturbios sociales. Este subsidio está amparado en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su artículo 126, que establece que el Poder Ejecutivo podrá asignar compensaciones económicas a los transportistas, hoy bajo recomendación del INTRANT. Aunque conviene destacar que en el Párrafo I del referido artículo se establece que esas subvenciones deberán ser aprobadas por el Congreso Nacional
Datos del Ministerio de Industria y Comercio indican que el Gobierno entrega 4.5 millones de galones de gasoil regular cada mes a los transportistas, con un costo de RD$2,800 millones al año. De acuerdo con informaciones el Gobierno paga 800 millones anualmente a más de 15,000 choferes de carros públicos que reciben gas licuado de petróleo (GLP) subsidiado. No obstante, la millonaria inversión a los transportistas de pasajeros no se traduce en una mejoría de la calidad del servicio y los usuarios siguen gastando entre el 20 y el 30 por ciento de sus salarios en transporte. Es importante señalar que solo un empresario sindicalista, Antonio Marte, controla más de 70,000 autobuses y microbuses, el mismo que ha dicho reiteradas veces que para que exista una persona como él hay que esperar cien años. Por fortuna para los dominicanos son cien. ¿Se imaginan que fuera diario?
Razones
En noviembre del 2007, cuando el precio del barril de petróleo se disparó por encima de los 100 dólares, para evitar que los precios del pasaje se dispararan, el Gobierno emitió el decreto 677-07, que autorizó a Industria y Comercio implementar un programa de compensación a favor de los transportistas de pasajeros y de carga.
A partir de entonces, un sin número de sindicatos y federaciones de transporte se benefician de este subsidio.
Esas subvenciones económicas a los empresarios y choferes del transporte público, que además utilizan, de diversas formas, la presión y el chantaje a los gobiernos de turno, para no dejar de percibir ese manjar mal manejado, de beneficio personal y grupal, hoy cuentan con una entidad, el INTRANT, que ha puesto la iglesia en manos de Lutero, porque es creación del propio empresario transportista que asegura que una nueva edición de el en persona sucedería cada cien años. Por estas cosas que afectan nuestra economía, deben unirse los sectores de la vida nacional.
