La Cámara de Diputados decidió enviar a comisión el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Para algunos se trata solo de una forma de prolongar la agonía de una iniciativa condenada al fracaso. Para otros, es una nueva oportunidad para enderezar los entuertos de un proyecto con diversas contradicciones. Aunque con cierto escepticismo, prefiero inscribirme en esta última corriente y esperar que la comisión designada avance en la elaboración de una propuesta que dé respuestas a los problemas fundamentales del sistema de partidos políticos. Para ello habrá que anteponer los intereses del país y de la institucionalidad democrática, a los intereses grupales.

Es necesario que el debate sobre las reformas políticas trascienda la coyuntura electoral del año 2020. No se trata de echar un pulso político para determinar cuáles tendencias partidarias terminan imponiéndose. El centro de la discusión debe ser el abordaje de los ejes esenciales para la transformación del quehacer político y de las instituciones partidarias. No se puede seguir actuando con indiferencia frente a la crisis de representatividad de los partidos políticos. Las investigaciones recientes advierten sobre la profunda desconfianza en los partidos, instituciones peor valoradas en la democracia dominicana, y sobre la pérdida, cada vez más mayor, de apoyo entre los ciudadanos. Si no se detiene esta tendencia, el actual sistema de partidos está en riesgo de colapsar.

Por esa razón, los legisladores deben hacer todo el esfuerzo posible por salvar el proyecto de Ley de Partidos. Sin embargo, no se trata de cualquier proyecto de ley, sino de uno que permita fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas, fiscalizar y hacer más transparente su financiamiento y mejorar la institucionalidad partidaria. En esa dirección, es importante que se pueda construir un consenso sobre el método de selección de candidaturas, más allá de mantener intacto lo que se ha hecho hasta ahora y que no ha dado resultado, más bien ha sido fuente de conflictos y divisiones en los partidos. Por otro lado, se debe prestar especial atención al establecimiento de verdaderos límites al gasto en las campañas electorales.

La Comisión Especial que estudia la ley de partidos debe prestar especial atención al establecimiento de controles al dinero que entra en la política. En este aspecto los temas esenciales son el límite al aporte privado, la rendición de cuentas sobre el dinero procedente de esta fuente y la determinación del tipo de financiamiento que deberá ser considerado ilícito. Esto tiene el propósito de evitar que grupos corporativos procuren capturar al Estado vía el financiamiento de la política o que sectores vinculados al crimen organizado compren impunidad financiando campañas políticas.

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