Actualmente la eutanasia o muerte asistida es legal en siete países del mundo y se permite para casos específicos de personas con enfermedades terminales como ciertos tipos de cáncer y poco tiempo de vida según los diagnósticos de sus médicos.

En tres de esos países, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, se permite además la eutanasia psiquiátrica desde hace unos años, y en dos de ellos, España y Cánada, su aprobación reciente en este 2023 ha dado lugar a intensos e interesantes debates.

La mayoría de la comunidad médica y científica en los citados países concluye que ciertos padecimientos mentales como la depresión mayor pueden causar un inmenso sufrimiento y deseos de morir, y si bien deben hacerse todos los esfuerzos con todos los tratamientos existentes, si estos no funcionan y los deseos persisten, para algunos pacientes la muerte será de todas formas inevitable, y hacerlo de forma asistida mediante la eutanasia es mejor opción que el suicidio por mano propia.

“Tengo 29 años y he elegido someterme voluntariamente a la eutanasia. Lo he elegido porque tengo muchos problemas de salud mental. Sufro de forma insoportable y no tengo esperanza. Cada aliento que tomo es tortura”, fueron las palabras en una grabación de la joven holandesa Aurelia Bowers, a quienes los médicos en Holanda le ayudaron a morir con autorización previa para su eutanasia hace unos años.

Distinto fue el caso de Noa Pothoven, que tras varios intentos de suicidio después de años de sufrir estrés postraumático, depresión y anorexia, consecuencia de los numerosos abusos sexuales que sufrió de pequeña, según confirmó su hermana, solicitó a los 17 años pero con el consentimiento de su familia una autorización gubernamental para su eutanasia pero le fue denegada por ser muy joven. Sin embargo, tras no recibir el permiso para la eutanasia, la menor decidió “parar de comer y beber agua”, lo que a fin de cuentas provocó su muerte de todas formas.

La lucha de los médicos es por preservar la vida, sin embargo, al igual que la de un abogado penalista que intenta evitar que condenen a su cliente, se trata de una obligación de medios, no de resultados.

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