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Aunque pensáramos que luego de tantas críticas y rechazos a cada nuevo intento de seguir atomizando el territorio nacional creando nuevos distritos municipales, municipios y hasta provincias, así como de las consecuencias que ese accionar contrario a la debida planificación ha tenido, ya que a más de veinte años de la división del territorio de la capital para sacar del Distrito Nacional la nueva provincia de Santo Domingo en el año 2001 seguimos arrastrando necesidades y dificultades, puesto que esta nueva provincia además de cuatro municipios conllevaba la creación de nuevos departamentos y distritos judiciales, cuyo palacio de justicia se empezó a construir apenas en el 2018 y aún está en obra.

Parecería que para la mayoría de nuestros diputados nada de eso cuenta y que lo único que les importa es que eso significará más cargos públicos, aunque tengan el descaro de insinuar que con eso llevarían soluciones a esos territorios y hasta de mostrar orgullo, como ha expresado uno de ellos, por la terrible osadía que sería convertirse en el único legislador que habría logrado la creación de dos provincias, esperando ser recordado en la historia por ello.

En vez de dedicarse a trabajar por vencer el rezago que lleva la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, cuya necesidad fue puesta en evidencia desde la entrada en vigencia de la Ley 64-00 de medioambiente, y que ordena la propia Constitución del año 2010 la cual en su artículo 195 consagra que mediante ley orgánica se determinará el nombre y los límites de las regiones, así como de las provincias y de los municipios en que se dividen, y también establece en el 193 los principios de la organización territorial, unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social y económica, evidentemente ausentes en tan descabellada propuesta.

Sin embargo, la aprobación de tan esperada ley orgánica no les interesa, peor aún, es posible que una de las razones de haber declarado de urgencia el fatídico proyecto de creación de la nueva provincia sea precisamente para intentar hacerlo antes de que se apruebe la ley orgánica que el propio presidente de la República urgió al Congreso a aprobar hace unas semanas.

Tampoco parece importarle a muchos de nuestros legisladores la aprobación de las necesarias modificaciones a las leyes 15-19 y 33-18 de régimen electoral y partidos políticos, por el contrario siguen jugando a perder el tiempo pues nada de lo que se quiere reformar entienden les conviene, pretendiendo confundir con la propuesta de aprobar un código electoral, lo cual como han señalado tanto el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) como el presidente del Tribunal Superior Electoral debe ser dejado de lado, para concentrarse en discutir y aprobar las modificaciones a estas leyes depositadas por la JCE.

En las traumáticas pasadas elecciones quedó evidenciada la necesidad de reforzar las vagas disposiciones de la ley 15-19 sobre el procurador especializado en delitos electorales, y la total falta de acción de este, a pesar de haber sido creada la figura en la ley, lo cual es imprescindible tener resuelto para los comicios de 2024. El anteproyecto de reforma de la JCE contiene todo un capítulo relativo al Ministerio Público Electoral, en el que se contempla fortalecerlo creando una dirección de investigación de delitos y crímenes electorales adscrita a la Procuraduría General de la República, cuyo titular sería designado por el Consejo Superior del Ministerio Público mediante concurso público a realizarse con no menos de dos años de anticipación a las elecciones nacionales, plazo que está próximo a agotarse, por lo que debemos exigir inmediata atención a tan importantes reformas.

El mejor servicio que pudieran hacernos nuestros congresistas es dedicarse a aprobar estas impostergables reformas y sepultar sus funestos intentos de mayor fraccionamiento, con lo cual además de cumplir su deber honrarían mucho más la memoria de nuestros padres de la Patria, que con falsos homenajes desprovistos de conciencia y compromiso cívico que solo buscan hacer de nuestro territorio un botín político cada vez más grande.

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