Si de algo adolecemos en nuestro país es de falta de adecuada planificación y de visión de mediano y largo plazo, lo que nos lleva a tomar decisiones muchas veces carentes de otra justificación que no sea la voluntad política de turno, los espurios intereses particulares de quienes deberían estar velando por el interés nacional o las conveniencias inmediatas, sin sopesar las inconveniencias de mediano y largo término.
El problema mundial de la falta de agua y la amenaza que la misma representa para la vida, la paz y la seguridad no es un tema nuevo en el debate internacional, sin embargo, a pesar de nuestra insularidad, no ha sido un tema prioritario en la agenda nacional aunque hemos suscrito compromisos internacionales que contienen objetivos específicos del milenio en ese sentido.
Recientemente el ministro de Medio Ambiente llamó la atención sobre un aspecto fundamental de esta problemática, la amenaza de insuficiencia de agua que en poco tiempo puede afrontar nuestro vecino Haití, lo que tendría consecuencias directas sobre la República Dominicana y nos obliga a comprender que no se trata solo de garantizar el agua en nuestro territorio, sino de hacerlo de forma tal que soporte el peligro que nos acecha.
El adecuado manejo de nuestras cuencas hidrográficas es todavía un reto, durante años a pesar de importantes iniciativas privadas de preservación de algunas de ellas y de algunos esfuerzos por parte de las autoridades que no han tenido ni la firmeza ni la continuidad requeridas, hemos seguido secando nuestros ríos, permitiendo su canibalización mediante extracciones de materiales para construcción hechas sin control, contaminando sus aguas y destruyendo sus cuencas o no protegiéndolas adecuadamente.
Por eso la responsabilidad de nuestro gobierno debe ser definir una debida política de protección de nuestros recursos hídricos y ecosistema que incluya las actividades prohibidas y permitidas en las áreas establecidas de forma que cada vez que surja un proyecto ya sea de construcción de una carretera o de explotación de un yacimiento minero no tenga que suscitarse un debate en el que se vean enfrentados autoridades y sectores sociales, marcado muchas veces más por el populismo que por la razón, sobre los peligros o beneficios de la obra o explotación a realizar.
Dice la Academia de Ciencias que debería prohibirse la explotación de yacimientos mineros a más de 500 metros sobre el nivel del mar en la ley de ordenamiento territorial, la cual está aún en discusión en el Congreso, lo que independientemente de que sea lo que deba acogerse, es una propuesta encaminada en el debido sentido, regular primero para luego tomar mejores decisiones.
El problema siempre es que no hacemos primero lo que debe ser primero, queremos tomar decisiones y luego enderezar cargas en el camino, las que generalmente nunca se enderezan como sucede con el árbol que crece torcido. Como tampoco le prestamos atención a los problemas hasta que no nos caen encima, prefiriendo seguir actuando como si nada ocurriera a pesar de las evidencias de amenazas.
El presidente Kennedy dijo hace ya más de 50 años, que quien fuere capaz de resolver los problemas del agua, será merecedor de dos premios Nobel, uno por la Paz y otro por la Ciencia; en nuestro caso el gobernante que fuere capaz de fijar prioridades nacionales que definan el accionar y la toma de decisiones, independientemente de si tendrán un resultado durante su mandato o generarán un beneficio o costo político, debería merecer sino la famosa presea sueca al menos el reconocimiento nacional de haber gobernado para la historia y no de haber sido un capítulo más en ella.
