En los últimos días se ha desatado en la opinión pública una avalancha de críticas al proyecto de ley de fideicomiso público, estos cuestionamientos provienen principalmente de los partidos políticos, pues la pieza fue aprobada en el Senado de la República. En ese orden, algunos legisladores han denunciado que el referido proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad y que si es aprobado como está concebido se podrán realizar compras y contrataciones de obras, bienes y servicios al margen de lo que establece la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

En esa misma línea, hemos tenido acceso a un documento producido por la Secretaría Legislativa de la Fuerza del Pueblo, que dirige el Dr. Henry Merán, en el cual se señalan los vicios e incongruencias que tiene el proyecto, por ejemplo, en el artículo 5 se enuncian los principios rectores de la norma, lo cual está bien, partiendo de que los principios son meta normas. Sin embargo, llama la atención que en el artículo 13 del proyecto se describe que las compras y contrataciones se realizarán según el reglamento de cada fideicomiso.

En ese sentido, lo postulado en el artículo 13 sencillamente constituye una aberración, y una violación al principio de jerarquía de las normas, porque el reglamento está subordinado a la norma. En ese tenor, hay que cambiar la redacción del referido artículo para que establezca de manera expresa que las compras y contrataciones se regirán por los procesos y procedimientos establecidos en la Ley núm. 340-06.

En ese mismo tenor, desde la Secretaría Legislativa de la Fuerza del Pueblo, existe la preocupación acerca de la modalidad del endeudamiento y la responsabilidad u obligación que asume el Estado dominicano a través del fideicomitente. Estos dos aspectos del proyecto que se describen en el artículo 8, específicamente en los numerales 5 y 7, hay que clarificarlos, porque aunque se diga lo contrario las deudas que se asuman a través del fideicomiso público afectarán la calificación de riesgos país para futuros préstamos.

En síntesis, hay que someter a un amplio debate los aspectos relativos al endeudamiento, la responsabilidad del Estado dominicano, mecanismos de control y transparencia. En ese orden, este proyecto debe ser consensuado con los partidos políticos, la sociedad civil. En ese orden, el pueblo como soberano, a través de las vistas públicas, debe expresarse de manera directa.

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