La Ley Minera 146-71 ha sido un excelente instrumento jurídico que ha permitido que la minería metálica y la minería no metálica (incluida la industria cementera) se hayan desarrollado ampliamente en la República Dominicana y hayan colocado al país en la lista de los grandes productores mundiales de oro, plata y níquel, aportando grandes volúmenes monetarios que han permitido a diferentes gobiernos disponer de recursos económicos para grandes obras, como las represas de Jigüey y de Aguacate, con 150 megavatios de potencia, las que junto a la represa de Valdesia y al contraembalse de Las Barías representan el mejor ejemplo nacional de aprovechamiento múltiple racional del agua.
El pasado año 2016 la minería fue el sector productivo de mayor crecimiento económico de nuestro país, con 26.5% del crecimiento económico total, y gracias a la renegociación del contrato Barrick, asumida por el Presidente Danilo Medina en el año 2013, el país ha recibido cerca de 60 mil millones de pesos en los últimos 5 años, recursos que han sido útiles para programas sociales gubernamentales, y para lograr esa excelente renegociación minera no fue necesario modificar la actual Ley Minera, como tampoco fue necesario modificar la Ley Minera para renegociar el contrato minero de la Falconbridge en el año 1987, y ambas renegociaciones han sido ventajosas para el país.
Y si bien es cierto que al promulgar la Ley Minera 146-71, en fecha 4 de junio de 1971, no existía la conciencia ambiental que existe hoy día, y si es cierto que la Ley Ambiental 64-00, promulgada el 18 de agosto del año 2000, ordena actualizar la Ley Minera, también es cierto que cualquier esfuerzo de modernización de la actual Ley Minera debe tener como objetivo primario incluir variables ambientales y sociales no incluidas cuando esa Ley fue conocida y aprobada, aprovechando para actualizar el régimen fiscal, pero garantizando que la nueva ley sea un instrumento ideal para atraer inversiones que ayuden al desarrollo minero, económico y social nacional.
De ahí que cualquier propuesta de modernización de la Ley Minera debe salir del sector minero oficial, pero debe incluir las consideraciones del sector ambiental oficial, del sector ambiental académico no gubernamental, y del sector fiscal representado por el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas; pero también debe incluir las consideraciones de las empresas mineras que hoy operan en la República Dominicana, y que se instalaron al amparo del actual marco legal minero, marco que no debe ser cambiado sin consensuar con esos operadores mineros, para evitar litis innecesarias, pues el objetivo del Estado es maximizar los ingresos fiscales, los controles ambientales y los beneficios sociales, sin generar litis.
Pero lo más importante en todo nuevo proyecto de legislación minera es que en su redacción participen expertos de alto nivel en legislación minera, en operaciones mineras, y en tributación minera, muy especialmente expertos de alto nivel que dominen a profundidad las complejidades geológicas de las exploraciones mineras y de las explotaciones mineras, porque si bien es cierto que conocer los recursos mineros presentes en el subsuelo es una actividad compleja que demanda mucha ciencia, mucha tecnología y muchos recursos económicos que en el 90% de las exploraciones se pierden porque no apareció ninguna mina explotable, extraer esos recursos mineros con sostenibilidad ambiental, económica y social es todavía mucho más especializado, costoso y complicado.
Respetando y guardando las distancias entre la medicina y la minería, una operación minera requiere de expertos para extraer, con precisión, minerales focalizados en puntos específicos del subsuelo y que desde la superficie nadie ve, excepto el geólogo que hizo geología, geoquímica, geofísica, sondeos, análisis químicos cuantitativos y cálculos de reservas probadas, y a partir de esas investigaciones geocientíficas ahora sabe, con exactitud, donde están ubicadas las mayores concentraciones minerales explotables, del mismo modo que una operación quirúrgica requiere de investigaciones científicas médicas y de un experto cirujano que pueda extraer, con precisión, desde el interior del cuerpo humano, un tumor que el mismo paciente no sabe donde está porque desde afuera no se ve.
Para lograr una moderna ley minera, buena para todos, y justa para todos, es elemental buscar e incluir las opiniones de todos los sectores involucrados en la minería y el ambiente, pero fundamentalmente las opiniones de los expertos que fueron a universidades a estudiar geología, minería y medio ambiente, porque si previamente no escuchamos a los que realmente saben de un tema tan especializado y complicado como la minería ambientalmente sostenible, es muy difícil lograr que los expertos apoyen el proyecto de ley cuando llegue al Congreso Nacional y cuando sea sometido al escrutinio popular.
